Esta medida se adoptaría si se detectara «un aumento de incidencia muy rápido» y podría implicar cierres perimetrales, limitaciones de reunión o el establecimiento del toque de queda
12 may 2021 . Actualizado a las 18:21 h.El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha considerado que el Principado cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a la pandemia una vez que ha decaído el estado de alarma, si bien ha precisado que «si fuera necesario» se pediría autorización al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para aprobar restricciones que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Esta medida se adoptaría si se detectara «un aumento de incidencia muy rápido en alguna localización concreta» y podría implicar restricciones como cierres perimetrales, limitaciones al derecho de reunión o el establecimiento del toque de queda como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas, aunque en estos momentos «no es previsible», ha precisado el consejero.
Fernández ha hecho estas declaraciones tras mantener, junto a la consejera de Presidencia, Rita Camblor, una reunión con la delegada del Gobierno, Delia Losa, para analizar la evolución de la pandemia y las medidas sanitarias. Al encuentro han asistido también el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, y representantes de los ayuntamientos y de las fuerzas de seguridad, con las que se quiere mantener «una buena coordinación», ha dicho el consejero.
El titular de Salud ha incidido en que, ya sin el estado de alarma, el Principado va a seguir trabajando «como siempre y con la misma coherencia» a partir de las recomendaciones de los epidemiológos y de los expertos de salud pública de la consejería.
Fernández ha valorado que Asturias mantenga «una tendencia favorable» en los datos epidemiológicos y de la campaña de vacunación, que ya ha permitido proteger a una buena parte de la población más vulnerable frente a la covid.
Respecto a las vacunas, Fernández ha dicho que no se descarta que en Asturias se utilice la vacuna monodosis de Janssen entre los menores de 60 años después de que la Comisión de Salud Pública aprobara ayer ampliar su uso a las personas de 50 a 59 años, aunque por el momento se seguirán utilizando las vacunas de ARN mensajero, es decir, las de Pfizer y Moderna.
También se ha referido el consejero a la recuperación de la presencialidad en los centros de salud para explicar que el proceso seguirá avanzando en un proceso participativo entre ciudadanos, profesionales y directivos de las áreas sanitarias «para que la población tenga lo que necesita, una atención primaria de la mayor calidad», informa Efe.