La falta de acuerdo retrasa a junio la reforma para declarar la emergencia sanitaria en Asturias

Los grupos no accedieron a la petición de Gobierno del Principado para acelerar los trámites de los cambios en la Ley de Salud

La Junta General
La Junta General

El proyecto de ley de reforma de la Ley de Salud aprobada por el Gobierno regional, que le dota de la posibilidad de declarar la situación de emergencia sanitaria en circunstancias como la de la actual pandemia, no se tramitará en lectura única en la Junta General del Principado tras oponerse varios grupos a la solicitud realizada por el Ejecutivo.

El Gobierno había pedido a la Cámara recurrir al trámite de lectura única, el más rápido posible y que elimina el trámite de comparecencias y la presentación de enmiendas, lo que requería de alcanzar la unanimidad de los grupos, una circunstancia que no se ha producido y que aplazará hasta el próximo mes de junio la aprobación de la nueva normativa.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que se ha abordado esta cuestión, la diputada del PP Reyes Fernández Hurlé ha reprochado al Gobierno que haya tardado nueve meses en tramitar una pequeña modificación y ha advertido de que el texto necesita ser modificado dado que el informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara incluye «irregularidades» por lo que «no soluciona ningún problema sino que genera más incertidumbre».

Para la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, el Ejecutivo mantuvo el texto parado durante meses y ahora pide tramitarlo con urgencia «pese a que puede afectar a derechos fundamentales» y a que los servicios jurídicos advierten de deficiencias e inconcreciones.

A su juicio de su homólogo de Podemos, Daniel Ripa, los «numerosos errores» detectados por los servicios jurídicos hacen necesario abrir un trámite de enmiendas que permita superar los problemas del texto aunque a la vez se tramite «por vía de urgencia y lo más rápido posible».

Para el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, el texto, cuya urgencia ya no resulta tan necesaria dado que ya ha decaído el estado de alarma, contiene partes bastantes incoherentes con la ley nacional y otorga demasiadas competencias al consejero de Salud al atribuirle la potestad de declarar la emergencia sanitaria sin escuchar a la Junta General.

El borrador de reforma de la Ley, aprobada inicialmente en 1992 y renovada en marzo de 2019, contemplaba facultar al Ejecutivo a declarar la situación de emergencia por crisis sanitaria en la totalidad del territorio del Principado o en una parte y a acordar las medidas de protección de la salud que proponga el titular de la Consejería competente en ese ámbito.

No obstante, si las medidas se consideran inaplazables, este podrá adoptarlas con carácter previo y plenos efectos sin perjuicio de su ratificación por el Ejecutivo en un periodo máximo de diez días y contemplaba que las prórrogas a esa medida tengan que ser autorizadas por la Junta General tras un periodo inicial de quince días como máximo.

La emergencia se declararía ante situaciones extraordinarias que, por su gravedad o magnitud, representen un problema para la salud pública que requiere de acciones con repercusión transversal importante a nivel sanitario, económico y social.

De esta forma, el Consejo de Gobierno deberá dar cuenta de la situación de emergencia por crisis sanitaria a la Junta General y le facilitará la documentación que le sea requerida, sin que la misma pueda exceder de un periodo de quince días y, a partir de ahí, las sucesivas prórrogas por periodos máximos de un mes requerirán de aprobación por el parlamento asturiano.

Por otra parte, en la reunión de la Junta de Portavoces se ha rechazado la iniciativa de Podemos para crear en la Junta General una comisión de estudio sobre la selección y análisis de proyectos de inversión en las comarcas afectadas por la descarbonización; informó EFE.

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