El Gobierno aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo para cubrir desde jefaturas de servicio a letrados o plazas en el ERA y la Oficina de Proyectos Europeos
14 may 2021 . Actualizado a las 13:13 h.El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) que permitirá la provisión definitiva de unos 1.200 puestos de responsabilidad, como jefaturas de servicio, letrados, coordinadores, jefes de sección y negociado «decisivos y relevantes» para el funcionamiento de las distintas consejerías.
Según ha señalado el consejero de Administración Autonómica y vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, se trata de una medida necesaria para dar respuesta a las necesidades de la administración autonómica y que se adapta a los cambios producidos en el Principado por la estructura con la que se constituyó al actual Ejecutivo.
La RPT es el instrumento que establece la estructura de personal en la administración autonómica, sus organismos y entes públicos, para adecuarla a las necesidades actuales y recoger todos los cambios producidos desde el inicio de la legislatura.
Su modificación es un paso previo «imprescindible» para el inicio de los trabajos de las tres comisiones de valoración que se constituirán próximamente para evaluar los méritos del funcionariado participante en el concurso de provisión de puestos singularizados.
Al final de la pasada legislatura, y tras «muchos años» sin convocar concursos de méritos lo que determinó que se acumulara esa elevada cifra de puestos, se aprobó una RPT que ahora se modifica y que reduce de 1.300 a 1.200 el número de plazas como consecuencia de la nueva estructura diseñada para el actual Gobierno.
La convocatoria se lleva a cabo, según Cofiño, con el objetivo de respetar «el derecho a la movilidad y a la carrera profesional» de los funcionarios y una vez «pacificada» mediante sucesivas resoluciones judiciales la judicialización del proceso de convocatoria de los concursos de méritos para optar a dichas plazas y proveerlas de forma definitiva.
El proceso, ha apuntado el vicepresidente, se llevará a cabo a lo largo de todo el año y está previsto que se culmine a finales de año con la asignación definitiva de los puestos de trabajo.
Los puestos se corresponden con aquellos que requieren unas características propias para su desempeño como una titulación determinada, tiempo de experiencia en el área funcionarial o cursos específicos, entre otras.
Los cambios efectuados en la estructura administrativa desde el inicio de la legislatura han incidido en la RPT y, consecuentemente, en el concurso de méritos, al producirse modificaciones en algunos de los puestos que incluye.
La nueva RPT, ha asegurado, garantiza el derecho del personal funcionario a la carrera administrativa y a la movilidad y la Consejería de Administración Autonómica realizará la provisión «de forma totalmente reglada» de manera que se asegura un procedimiento objetivo en la valoración de méritos de los aspirantes.
La reorganización de la estructura de la administración ha afectado solo a un centenar de los más de 1.300 puestos convocados, lo que permitirá la provisión definitiva de 1.200 que forman parte del procedimiento de concurso de méritos iniciado en junio de 2019 y que se prevé resolver en los próximos meses.
Las novedades en la RPT mejoran además la dotación de personal del organismo autónomo ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos) a la vez que se refuerzan los servicios sociales y los de atención psicosocial de los juzgados y permite la puesta en marcha de la Oficina de Proyectos Europeos.
En concreto, los refuerzos de personal incluyen 17 responsables de enfermería y puestos de carácter administrativo para mejorar la gestión de los servicios comunes y otros 53 puestos para la nueva residencia de Lugones en el caso del ERA.
En lo relativo a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar permite incorporar a cuatro inspectores de servicios sociales, y dos médicos y un trabajador social para centros de valoración de discapacidad así como a tres psicólogos y un trabajador social en la Viceconsejería de Justicia y a cuatro técnicos (economista, informático, arquitecto e ingeniero) en la Oficina de Proyectos Europeos; informó EFE.