Desconcierto y enfado en las comunidades donde vive el lobo realmente

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León cargan contra el Ministerio de Transición por la gestión del plan de protección del cánido

Un lobo ibérico
Un lobo ibérico

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León piden «rigor» al Ministerio para la Transición Ecológica en la gestión del lobo y reiteran su «rechazo absoluto» a su propuesta de incluir a esta especie en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre). Estas cuatro comunidades gestionan el territorio donde vive el 95% de los lobos de España.

En una reunión telemática celebrada este viernes, los consejeros del ramo en las cuatro comunidades autónomas han lamentado «la improvisación y la confusión del Ministerio a la hora de gestionar la protección de la especie con una propuesta que no tiene ningún respaldo técnico ni científico y se ha adoptado en un proceso plagado de irregularidades”.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado, los cuatro consejeros han denunciado que la ministra Teresa Ribera «sigue ignorando a las comunidades autónomas que albergan a la mayor parte de la población de lobos en España, al elaborar un documento de bases de estrategia de conservación del lobo, cuando el acuerdo mayoritario del grupo de trabajo era realizar primer una evaluación de la estrategia».

Esos consejeros han hecho esas afirmaciones después de que ayer, jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico desmintiera que vaya a negociar «desde cero» un nuevo plan de gestión y control del lobo, tal y como habían afirmado las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA antes.

Los consejeros responsables de Medio Ambiente de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han criticado que el Ministerio haya ignorado la carta de rechazo a la propuesta de nueva protección del lobo que remitieron con el apoyo de otras autonomías como País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía, la ciudad autónoma de Ceuta y las organizaciones agrarias UPA, ASAJA y COAG.

Esa carta también estaba suscrita por el Parlamento y la Federación de Municipios de Cantabria, los colegios profesionales de ingenieros de montes, técnicos forestales, agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas, así como el Consejo General Veterinario.

Los consejeros asturiano, cántabro, castellanoleonés y gallego han recordado al Ministerio que sus técnicos «atesoran la mayor experiencia en la gestión real de la especie» y pueden llevar a cabo «una evaluación más precisa que los que nunca han tenido esa responsabilidad».

También rechazan el protocolo de control de ejemplares del Ministerio e insisten en que es «inaceptable y manifiestamente inviable y su aplicación práctica es una artimaña para evitar cualquier control de ejemplares».

Las cuatro comunidades autónomas lamentan la política de comunicación llevada a cabo por el Ministerio «en su intento de confundir a la opinión pública y utilizar la desinformación como herramienta para su política de hechos consumados».

«Este comportamiento insólito amenaza con romper las fórmulas de leal colaboración y coordinación que hasta ahora nos habíamos dado y solo el Ministerio será responsable de las consecuencias», finalizan esos cuatro consejeros. EFE

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