Juicio de Alu Ibérica: el futuro de la plantilla, en manos de la Audiencia Nacional
ASTURIAS
Alcoa dice que fue «transparente» y el comité de empresa de A Coruña acusa la falta de «valentía política»
20 may 2021 . Actualizado a las 19:03 h.La venta de las plantas de A Coruña y Avilés por Alcoa se firmó en el verano del 2019, pero, un año antes, en octubre del 2018, la multinacional del aluminio presentó un ERE con el que anunció su intención de cerrar ambas factorías. Este jueves se celebró el juicio en la sala de lo social de la Audiencia Nacional por dicho despido colectivo, denunciado por varios sindicatos porque, según ellos, se incumplió el acuerdo sobre el expediente alcanzado en su momento con la multinacional. Porque pactaron condicionar el ERE a la búsqueda de un comprador para las plantas que garantizase dos años como mínimo de estabilidad en la actividad y en el empleo. El inversor elegido por Alcoa fue el fondo de inversión Parter. Pero este no aguantó los dos años comprometidos, ya que revendió los activos a los pocos meses al grupo Riesgo. Aunque este asumió los compromisos iniciales, los sindicatos dan por incumplido el acuerdo laboral y exigen que, en caso de que Riesgo los despida, se les apliquen las jugosas condiciones acordadas con Alcoa hace dos años.
Es lo que tendrá que dirimir el juez.
El juicio, que se realizó a puerta cerrada por el covid y duró cerca de cinco horas, no ha quedado visto para sentencia, pero ya no se celebrarán más sesiones presenciales. «Solo queda pendiente que las partes aporten sus conclusiones por escrito», aclaran desde el comité de empresa de A Coruña. La vía judicial, lamentan los trabajadores, es el recurso que les queda ante la «falta de valentía política» para alcanzar una solución industrial. «Las Administraciones tendrían que haber propuesto soluciones antes de llegar aquí», remarcó el presidente del comité coruñés, Juan Carlos López Corbacho, preguntado por los periodistas en la entrada de la antigua delegación de la Audiencia en A Coruña, el escenario elegido por medio centenar de empleados para concentrarse al grito de «Alcoa culpable, Gobierno responsable».
Tres compañías implicadas
Cuando termine el proceso judicial, recalcó López Corbacho, debe pedirse «la máxima responsabilidad» a las tres compañías implicadas en las sucesivas ventas. Hay que recordar que en agosto del 2019 las dos factorías pasaron a manos del fondo suizo Parter y, unos meses después, en abril del 2020, saltaron a otro fondo, Grupo Riesgo. «Un engaño tremendo», en palabras de Corbacho.
Por su parte, el Grupo Riesgo, actual propietario de las fábricas rebautizadas desde el 2019 como Alu Ibérica, aseguró vía comunicado que va a demostrar con el pleito «sus esfuerzos» por hacer «viables» ambos centros. Mientras, Alcoa, defiende que la venta de las plantas fue transparente y que se realizó «con el aval del Gobierno y los trabajadores». La multinacional estadounidense va un paso más allá y acusa a Parter, el comprador en julio del 2019, de incumplir varias obligaciones por las que presentó una demanda en julio del 2020. Para los sindicatos, Alcoa es, sin embargo, «la gran culpable» de las faltas de los compradores y de la ausencia del plan industrial pactado.
Desde Avilés, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en la planta asturiana, José Manuel de la Uz, también se ha querido pronunciar. «Estoy muy satisfecho. Satisfecho porque se haya celebrado este juicio y con cómo se ha realizado, de que hayamos podido exponer los incumplimientos que venimos demandando durante todo este tiempo. Quiero dejar claro también que, aunque estamos acudiendo a los tribunales, los trabajadores en ningún momento pensamos que la solución a nuestros problemas laborales sean ellos. Solo se puede dar, exclusivamente, desde un ámbito político y desde una intervención por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que pueda buscar un inversor para dar una solución a nuestras plantas. No nos queda otra que ir al ámbito judicial, pero esperamos que el Gobierno central nos convoque y podamos dar una solución política a esta situación tan peculiar y anómala que estamos sufriendo».
Más causas judiciales
Este no es el primer proceso judicial al que se enfrentan los trabajadores. En febrero, el Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña condenó a Alu Ibérica a pagar una indemnización de 6.250 euros a cada uno de los miembros del comité de huelga coruñés y a cada uno de los sindicatos por lesionar el derecho a la huelga.
Además, este miércoles se conoció que el juzgado de lo Social número 6 de A Coruña acordó la adopción de la medida cautelar consistente en el mantenimiento de las funciones representativas del presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho. Tanto él como otros tres representantes sindicales fueron despedidos por causas disciplinarias por parte del Grupo Riesgo a comienzos del 2021.
Por último, el juicio celebrado este jueves es independiente de la causa abierta también en la Audiencia Nacional, aunque en la vía penal, por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal que han llevado a la intervención de las plantas de A Grela y Avilés desde el 4 de mayo.