El principal acusado se enfrenta a casi cuatro años de prisión mientras que los otros cinco lo hacen a multas de hasta 5.500 euros
31 may 2021 . Actualizado a las 14:40 h.La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo acogerá mañana martes el juicio contra seis personas acusadas de participar en un entramado de blanqueo de capitales descubierto tras detectarse unas transferencias realizadas de forma telemática desde una cuenta bancaria, sin el consentimiento de su titular.
La Fiscalía solicita una pena de 3 años y 11 meses de prisión para el principal acusado de idear el entramado al que imputa su presunta autoría en sendos delitos de estafa y blanqueo de capitales doloso, así como una multa de 8.000 euros y el pago de una indemnización al banco de 3.600 euros por el dinero que reintegró a la víctima. El Ministerio Fiscal considera que los otros cinco acusados incurrieron en un delito de blanqueo de capitales por imprudencia e interesa una pena individual de un año y cinco meses de cárcel y multas que oscilan entre 1.200 y 5.500 euros, si bien pide que esta pena sea conmutada a uno de los procesados por su expulsión del país por su condición de extranjero.
Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2016 cuando en la cuenta bancaria de la víctima aparecieron reflejadas tres transferencias, realizadas de forma telemática -sin su consentimiento- por el principal acusado o por persona a sus órdenes, una de ellas por importe de 3.000 euros y otras dos por 500 y 100 euros, respectivamente. Días antes, el principal acusado contactó con diversas personas utilizando el nombre ficticio de «Joan» o «Joan Aguilar», ofreciendo un trabajo consistente en recibir dinero en una cuenta bancaria para luego irlo transfiriendo a otras cuentas a cambio de una comisión.
De ese modo, el acusado facilitaba que el dinero llegase a su poder -o al de la tercera persona vinculada-, ocultando y encubriendo dentro del circuito económico tanto la ilicitud de la transferencia como la identidad del real beneficiario. Los acusados aceptaron participar en «esa extravagante operativa», señala la Fiscalía, sin más trámites ni precauciones acerca de las personas con las que iba a formar parte de tal dinámica, ni tener un contrato en regla conforme a la legislación laboral, ni preguntar el origen del dinero que recibía.
El dinero de la primera transferencia fue enviado por los acusados a la República Dominicana a nombre de Junior Cordero, mientras que las otras dos fueron destinadas a la cuenta del sexto acusado, de nacionalidad ecuatoriana, quien lo sacó de la entidad, haciéndolo llegar al principal procesado o a personas vinculadas con él, según informa Efe.