Asturias identifica 19 proyectos de almacenamiento energético

El consejero de Industria asegura que el objetivo es que en 2030 la comunidad autónoma tenga una potencia de almacenamiento de 1.300 megavatios

Enrique Fernández, consejero de Industria del Principado
Enrique Fernández, consejero de Industria del Principado

Oviedo

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha situado el almacenamiento energético como uno de los «ejes fundamentales» de la Transición Ecológica y ha indicado que en estos momentos tienen identificados 19 proyectos en ese sentido por un importe de 8.580 millones.

Así lo ha señalado en la comisión del ramo de la Junta General. Se trata de dos proyectos y 80 millones más que los anunciados por el consejero en febrero en el pleno de la Junta General. Así, en estos momentos la Consejería tiene identificados 200 proyectos para los fondos europeos, de los que a día de hoy hay 19 proyectos de almacenamiento energético que incluyen diferentes tecnologías y «que habrá que ver si pueden ser ejecutados».

A todo ello hay que sumar, ha explicado Martínez, la puesta en marcha de regasificadora de El Musel. «Queremos que Asturias esté posicionada», ha indicado, para señalar que el objetivo final es que en 2030 Asturias tenga una potencia de almacenamiento de 1.300 megavatios. El consejero lo ha afirmado así ante una pregunta del diputado del PP Álvaro Queipo sobre las acciones que ejecutará Industria para la implementación en Asturias de la Estrategia de Almacenamiento Energético, aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de febrero de 2021.

En ese sentido, Queipo ha destacado que el almacenamiento energético lleva consigo una cadena de valor «y Asturias tiene los elementos para aprovecharlos». «Es una oportunidad de creación de empleo y riqueza», ha afirmado, para reclamar al Ejecutivo que en los pasos que vayan dando en los próximos años «se tengan muy presente el almacenamiento energético como una posibilidad más para esta autonomía».

Impuesto de residuos

Por otro lado, el consejero ha destacado que la lucha contra el cambio climático debe ser «de forma progresiva y no suponer una penalización a la industria asturiana que lastre su competitividad». En ese sentido, ha señalado que las nuevas tributaciones mediambientales tienen que ser «con precisión quirúrgica» para no dañar «partes vitales de nuestro tejido económico, como puede ser la industria electrointensiva».

Martínez lo señalaba así ante una pregunta del diputado de Foro Adrián Pumares sobre qué actuaciones está llevando a cabo para evitar que el nuevo impuesto a los residuos impulsado por la Vicepresidenta Teresa Ribera lastre la competitividad de la industria asturiana y favorezca la deslocalización. «Hemos alzado la voz para que esta legislación no suponga un sobrecoste para la industria», ha indicado el consejero, que ha detallado que se ha conseguido rebajar el tipo aplicable a la industria en sus residuos y que se contemple una excepción durante tres años para facilitar la adaptación.

En ese sentido, Pumares ha criticado que «sin estar resuelto el alto coste energético» la industria asturiana va a tener que hacer frente a ese nuevo impuesto. «No le responsabilizo de este nuevo tributo, pero el Gobierno asturiano tendrá algo que decir y poner alguna medida para sobrellevar este golpe», ha indicado. Martínez ha afirmado que lo que plantean al Estado es un régimen de bonificaciones y de exclusiones, para dejar fuera de la norma los residuos industriales que no tienen otra opción que el vertedero o excluir a las industrias que tienen vertederos propios.

FNSA

El consejero de Industria también se ha mostrado preocupado por que el Fondo Nacional para la Estabilidad del Sistema Eléctrico (FNSE) pueda suponer un sobrecoste para la industria. Por eso, el Principado ha presentado alegaciones para eliminar el impuesto al valor de la producción de la electricidad, para mantener las compensaciones a la industria electrointensiva y de cara a participar como comunidad autónoma en la supervisión y control del fondo, además de establecer excepciones o una regulación del bono social y termino.

Por otro lado, ha recordado que el fondo tendrá una implantación gradual los próximos cinco años, lo que permitirá a consumidores y empresas adaptar progresivamente los hábitos de consumo a energías menos contaminantes, además de que habrá apoyo público para esa transición. Martínez lo indicaba así ante una pregunta de la diputada de Ciudadanos Susana Fernández Álvarez, que ha denunciado que el FNSA supondrá «a corto y medio plazo» un incremento de las tarifas energéticas de grandes industrias. Se trata, a su juicio, de «el nuevo proyecto estrella de la ministra Ribera para estrellar a la industria asturiana», informa Europa Press.

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