Un bar de Lena presenta la primera reclamación patrimonial contra el Principado por los cierres en hostelería

La hostelería ha sido una de las ramas de actividad más perjudicadas durante la pandemia. Las restricciones encaminadas a intentar mitigar la transmisión del coronavirus han supuesto un duro varapalo económico para un sector en el que muchos negocios han terminado bajando la persiana en toda España. Otros han capeado el temporal haciendo malabares financieros para subsistir y la inmensa mayoría ha criticado con contundencia unas medidas que tachan de arbitrarias y desproporcionadas. También hay alguno que ha decidido dar un paso más para reivindicar lo que considera que es justo. El bar «La Caleya», en Carabanzo, Lena, ha presentado la primera reclamación patrimonial contra el Principado por los cierres en hostelería de los meses de noviembre y diciembre de 2020 en Asturias. Los propietarios cifran en 2.200 euros el perjuicio económico que les han causado los cierres en ese periodo.

Belén Domínguez, propietaria del bar «La Caleya» explica que ha pasado una situación «dolorosa». «Vives de un negocio, te dicen que tienes que cerrarlo y te vas a casa sin saber qué va a pasar ni si te van a dar alguna ayuda y cuándo», afirma antes de añadir que «nosotros pudimos aguantar gracias a que el verano pasado trabajamos mucho y ahorramos». Durante los últimos cierres, el concejo de Lena llegó a estar cerrado 54 días, con aperturas intermitentes, recuerda la hostelera, quien fija en «unos seis meses» el tiempo total que ha tenido el negocio cerrado desde que hace ya casi año y medio comenzase la pandemia. «Llegamos a estar un poco agobiados porque los recibos seguían llegando», apunta.

Domínguez considera que los cierres son injustos debido a que «todos sabíamos que los problemas no vienen de la hostelería. Las estadísticas dicen que solo un 3% de los contagios se producen en estos negocios». «Nos duele que se criminalice a los hosteleros», asevera, motivo por el que «cuando el abogado nos explicó la opción de reclamar, le dijimos que adelante».

En cuanto a las ayudas recibidas, apunta que el año pasado tuvo una del Principado por importe de 1.500 euros y otra del Ayuntamiento de Lena de 450 euros. Esta misma semana percibió la ayuda de 4.000 euros del Gobierno autonómico correspondiente a 2021.

Reclamación patrimonial

Víctor Ferreira, del despacho Pérez Luego Abogados de Gijón, ha sido el encargado de realizar la reclamación a la Consejería de Salud en nombre de Domínguez por los cierres de entre el 3 noviembre y 13 de diciembre en el marco del estado de alarma.

La reclamación fue presentada el pasado 1 de febrero y, según el abogado, es la primera realizada en Asturias porque «tiene número de registro 1/2021». «El pasado 8 de junio recibimos un informe de la Consejería achacando la reducción de contagios al cierre de la hostelería, y abriendo el trámite de alegaciones», señala Ferreira, quien añade que estas fueron presentadas el pasado viernes 11 de junio. «Preferimos centrarnos en los requisitos de la reclamación patrimonial que en la efectividad del cierre de la hostelería, ya que el Instituto Carlos III no otorgaba a la hostelería, en el momento del cierre, ni el 3% de los contagios de Covid».

La reclamación se basa, según explica el abogado, en la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, que determina que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes». 

Ferreira especifica que «la ley no entra al debate sobre si las medidas eran justas, necesarias, proporcionales o efectivas. Determina que si ante una decisión existe un perjuicio, los perjudicados tienen derecho a ser indemnizados», y este es su principal argumento para presentar la reclamación.

2.200 euros sin IVA

En cuanto a la forma de calcular el importe a reclamar, desde «La Caleya» sostienen que no pueden aportar los datos de facturación en esas fechas en el año 2019 puesto que el negocio se encontraba cerrado por enfermedad. Por ello, aportan la facturación que tuvieron en los meses de noviembre y diciembre del año 2018. Para comparar fechas homólogas, tomaron de base el 7 de noviembre de 2018 (primer miércoles de noviembre), hasta el 16 de diciembre de 2018 (domingo 40 días después del citado miércoles). Entre estas fechas, la facturación fue de  2.271,55 euros, sin IVA. «Por lo tanto, este fue el perjuicio patrimonial causado por el cierre del negocio impuesto desde la Consejería de Salud en el marco del Estado de Alarma de 25 de octubre», afirma el abogado.

Plazos

El abogado recuerda que los procedimientos de reclamación patrimonial «deben resolverse en 6 meses, por ello, antes del 1 de agosto debería haber una resolución, que en caso de ser favorable, abriría la puerta para que el resto de negocios afectados pudieran realizar la reclamación, ya que existe un año de prescripción para efectuar una reclamación patrimonial». «En tanto que la reapertura de la hostelería se produjo el 13 de diciembre de 2020, habría de plazo hasta el 13 de diciembre de 2021 para reclamar», asegura Ferreira.

Si el Principado no atiende su reclamación, el abogado ya tiene pensado el siguiente paso. «Si es desestimatorio, procederíamos a presentar el pertinente recurso contencioso-administrativo porque la ley es clara». En este sentido, la propietaria de «La Caleya» lo tiene claro: «Creemos que no darán el brazo a torcer porque la administración es como es. Si pueden evitarlo, lo evitarán porque habría jurisprudencia. En cualquier caso, nosotros vamos a pelearlo en los tribunales».

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