A juicio el exarquitecto municipal por emprender una campaña con calumnias contra el exalcalde y un concejal a lo que trató de implicar en la Operación Pokemon
18 jun 2021 . Actualizado a las 12:18 h.El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo acogerá el próximo lunes el juicio contra el exarquitecto municipal de Cangas del Narcea Juan Antonio Domínguez Piris, acusado de un delito continuado de denuncia falsa y calumnias contra el exalcalde José Luis Fontaniella y al exconcejal de Urbanismo, José Ramón Puerto, a los que implicó en la Operación Pokémon.
La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión, una multa de 12.000 euros y el pago de sendas indemnizaciones de 6.000 euros por los daños causados al exalcalde y al exconcejal.
El acusado, Juan Antonio Domínguez Piris, que ejerció como arquitecto municipal desde 1982 hasta su jubilación en 2014, había sido sancionado con la suspensión de funciones durante 18 meses durante el mandato del exalcalde del PP Fontaniella y el edil Puerto.
La Fiscalía relata en su escrito que esa sanción provocó una «animadversión» del acusado hacia ambos que le llevó a efectuar varias denuncias contra ellos «con ánimo de venganza y de desprestigiarlos», a pesar de saber que eran falsas.
Entre otras actuaciones, el 9 de julio de 2014 el acusado denunció a ambos sabiendo que era incierto que el concejal había aprovechado su baja laboral y había accedido a su despacho profesional, en las dependencias del Ayuntamiento, para destruir o hacer desaparecer documentación personal y oficial acreditativa de la comisión de varios delitos urbanísticos por parte de la corporación municipal.
Las diligencias previas fueron sobreseídas y la Audiencia confirmó su archivo en 2015.
El exarquitecto municipal volvió a denunciarles el 23 de julio de 2014 por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función, tráfico de influencias y uso de información privilegiada siendo consciente de que tampoco se correspondía con la realidad.
En ese caso, acusaba al entonces alcalde por permitir que el concejal y su esposa, con la empresa propiedad de ambos, ejerciesen la profesión de arquitectos en Cangas del Narcea con uso de información privilegiada y tráfico de influencias debido a su cargo.
En ambas denuncias, sostenía que Fontaniella consentía y dirigía estas operaciones y, como en el caso anterior, también se archivo y confirmó su archivo un año después.
El 12 de septiembre de 2014 el acusado compareció voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y prestó declaración en la investigación judicial conocida como Operación Pokemon, acusando a Fontaniella y a Puerto de la comisión de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Las diligencias previas fueron inhibidas al Juzgado de Cangas del Narcea, dando lugar a la incoación de otras, que se acumularon a las previas y que fueron sobreseídas provisionalmente y confirmadas por la Audiencia Provincial, en 2015.
La última denuncia se registró el 11 de septiembre de 2017 cuando el acusado presentó ante el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea una querella, posteriormente sobreseída, donde acusaba a Fontaniella y Puerto de los delitos de prevaricación, cohecho malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función.
La Fiscalía asegura que todos los delitos que les imputaba, aún sabiendo que eran falsos, se referían a un argayo en el talud existente entre las calles Clarín y Santa Bárbara, donde había un riesgo que el acusado había advertido mediante un informe desfavorable; según recogió EFE.