Cerca de 20.000 sanciones en Asturias, en el aire

M.H. / L.F.

ASTURIAS

 Una mujer camina por la avenida de Pumarín de Oviedo durante el trigésimo sexto día de confinamiento del primer estado de alarma
Una mujer camina por la avenida de Pumarín de Oviedo durante el trigésimo sexto día de confinamiento del primer estado de alarma Alberto Morante

La sentencia del Constitucional sobre el primer estado de alarma se hará pública en unos días y se comprobará si explicita si las multas puestas en ese período quedan anuladas

14 jul 2021 . Actualizado a las 19:55 h.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia, que abarcó el período de marzo a junio del 2020 y que implicó un confinamiento domiciliario. En la práctica esto se traduce en que las casi 20.000 propuestas de sanción iniciadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Asturias quedan en el aire. La sentencia se hará pública en unos días y, entonces, se comprobará si explicita si las multas puestas en ese período quedan anuladas o no.

Los datos de la Delegación del Gobierno en Asturias recogen que durante ese primer estado de alarma se realizaron 19.918 propuestas de sanción en la comunidad autónoma. De ellas, el Gobierno tramitó 4.497 y remitió al Principado las otras 15.411. Tras la decisión del Constitucional, habrá que esperar a que se publique la sentencia para saber si todas estas multas se anulan o no.

El proyecto de sentencia del magistrado ponente, Pedro González-Trevijano perteneciente al ala más conservadora del tribunal, fue respaldado por la mayoría de los miembros. Eso sí, la votación fue ajustada, ya que hubo cinco votos en contra y seis a favor (actualmente, el Constitucional lo forman once magistrados porque hay uno al que no se sustituyó). Tras varios plenos de deliberación (la cuestión se comenzó a debatir el 24 de junio), finalmente el voto de la vicepresidenta, Encarnación Roca, ha sido decisivo para inclinar la balanza a favor de los cinco magistrados (todos ellos del bloque conservador) que han estimado que el primer estado de alarma fue inconstitucional. Los otros cinco (tres de corte progresista y dos conservadores), por el contrario, siguen considerando que el Gobierno actuó correctamente optando por esa figura que recoge la Constitución para decretar el confinamiento domiciliario.