¿Trampa o realidad?: la verdad oculta del decreto de interinos que podría afectar a 2.000 asturianos
ASTURIAS
El decreto para reducir la temporalidad en la Administración pública se convirtió esta semana en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Sánchez, que se vio obligado a realizar algunas concesiones con el fin de lograr sumar los apoyos necesarios. Los consiguió a cambio de la promesa de que se permitiría a aquellos interinos que acumulen más de diez años en un mismo puesto acceder a la plaza sin tener que presentarse a una oposición. El Principado cifra en 1.974 el número de empleados públicos interinos con más de 10 años en su puesto de trabajo que hay en la administración autonómica. Ese número es el que no tendría obligación de hacer una oposición para obtener plaza, El Ejecutivo, a falta de una valoración más precisa, calcula que de esas 1.974 personas, 1.285 corresponden a la Sanidad.
Una visión que difiere de la de Antonio Navarro, presidente de SINTTA, que representa a los trabajadores temporales de la administración. Para Navarro, en Asturias la mitad del personal temporal son personas de entre 50-55 años, un 70% mujeres y la mayoría supera los 12 años de antigüedad. «Otra cosa es cifrar los que llevan 10 años en la misma vacante sin que esta salga a oposición. En Educación y la mayoría de los puestos de Sanidad, casi nadie. Puede haber casos aislados, laborales, en ayuntamientos, pero en Educación y Sanidad es bastante difícil que se dé ese caso», afirma. «Son trampas y artimañas», denuncia Navarro.
Porque detrás de esta concesión hay mucha letra pequeña. A falta de que se concrete el articulado definitivo del texto y de que los grupos parlamentarios aporten sus enmiendas, el proyecto de ley todavía puede sufrir variaciones importantes. Sin embargo, abogados laboralistas advierten de que, con lo que el Gobierno ha puesto hasta ahora sobre la mesa, el anuncio puede quedarse en agua de borrajas y el acceso a la plaza no promete ser tan sencillo.
¿Quién podrá acceder a la plaza sin concurso?
Tal y como advierte Fabian Valero, socio director de Zeres Abogados y especialista en derecho laboral, «el acuerdo tiene mucha letra pequeña y lo cierto es que muy pocas personas van a poder acogerse a esta medida».
Explica este experto que los interinos de más de diez años solo podrán optar a convertirse en funcionarios de carrera en caso de que hayan estado ocupando la misma plaza durante más de un decenio: «No pueden haberse movido de puesto de trabajo, ni encadenado sucesivos nombramientos. Es decir, tiene que haber sido el mismo nombramiento desde hace más de diez años».
Y hay más requisitos a cumplir. Porque todo parece apuntar a que se exigirá que para estas personas no haya habido un proceso de movilidad y que tampoco se hayan convocado oposiciones en esos diez años para cubrir el puesto al que aspira el interino.
Valero también recuerda que, en última instancia, esto no significa que vayan a ser automáticamente nombrados funcionarios de carrera, «sino que tendrán que superar igualmente un proceso selectivo de acceso libre. Con lo cual, podrá presentarse cualquier otra persona, incluso funcionario de carrera, que quiera acceder a este sistema para tener un puesto de trabajo diferente al que tiene».
¿Qué implicaciones tiene?
«Pues básicamente, lo que tenemos es un brindis al sol», resume el especialista en derecho laboral. Y es que, recuerda, muy pocas personas van a estar interinas en el mismo puesto desde hace diez años. Lo habitual es que haya un nombramiento de interino cada año; casos de trabajadores que encadenan nombramientos de cuatro o cinco años de duración: «Después son cesadas durante unos días y luego son inmediatamente contratadas».
¿Y qué soluciones hay?
El socio director de Zeres Abogados asegura que no todo son malas noticias. Explica Valero que, si el decreto se plantea en los términos anunciados, va a suponer una oportunidad que los interinos que se encuentren en situación de fraude de ley -por abuso de la temporalidad- no deben dejar escapar. «Lo importante es que las personas se movilicen para que se reconozca que su antigüedad no es la del último nombramiento, sino que es de hace más de diez años porque han venido encadenando contratos sucesivos. Además, en el momento en el que se crea una diferenciación y se decide que los interinos de más de tres años van a tener que ir a un proceso de concurso oposición, mientras que los de diez tienen derecho a un concurso de méritos, se está infringiendo claramente la normativa comunitaria. Porque en los dos supuestos estamos en una situación de abuso y, por tanto, no se pueden establecer medidas diferenciadas con requisitos diferenciados; con una situación más beneficiosa para unos trabajadores en situación de abuso frente a otros», resume.
¿Es inconstitucional?
Tras el anuncio del Gobierno, hubo algunas voces que advirtieron que la medida podía ser inconstitucional. Pero desde el despacho Vento Abogados y Asesores descartan esta posibilidad: «Dada la situación excepcional actual en la que la tasa de empleo público temporal supera un 40 %, consideramos que es suficientemente grave como para justificar una medida consecuente. De esta forma, se pretende que con esta ley se faculte la posibilidad de acceso a los supuestos en los que la Administración ha incurrido en abuso de derecho y fraude no convocando las plazas estructurales durante años, manteniendo en una situación ilegal a los trabajadores y funcionarios interinos», explica Matias Movilla, socio de Vento Abogados. Para Antonio Navarro, sin embargo, «el anuncio es inconstitucional» y cree que Vox y quizá PP recurran. «Va en contra de cualquier normativa europea y no pone sanción adecuada al abuso ni resarce al trabajador para que esto no se vuelva a producir». En su opinión es una artimaña para confundir a la gente y para dividir al colectivo porque habrá gente a la que le interese y a otros no. «Esto va a tener consecuencias que van a tener que pagar los españoles en forma de multa».
¿Qué opina el Gobierno asturiano?
El Ejecutivo asturiano espera que este año se reduzca la tasa de interinidad en la administración autonómica al 8%, por debajo del límite legal, según ha señalado la portavoz, Melania Álvarez, que ha avanzado que trabajarán en la adaptación de fórmulas ya definidas a la nueva normativa. «La reducción de la tasa de interinidad es un objetivo expreso de este Gobierno», ha afirmado la consejera, que ha incidido en que estarán atentos a la tramitación de la nueva normativa para conocer el detalle las implicaciones que tendrá para las comunidades autónomas.