La Fiscalía considera desproporcionado el toque de queda en Asturias pero defiende los límites a las reuniones

la Voz OVIEDO

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Entrada a Oviedo durante el cierre perimetral
Entrada a Oviedo durante el cierre perimetral Alberto Morante

En el informe remitido por la Fiscalía al TSJA, el Ministerio Fiscal señala que el toque de queda es «una supresión absoluta del derecho a la libertad de circulación de la población»

30 jul 2021 . Actualizado a las 11:37 h.

La Fiscalía considera que imponer el toque de queda entre la 1 y la 6 horas en los concejos con mayor nivel de riesgo por la covid es «desproporcionado», al considerar que es una medida «prácticamente equivalente a un confinamiento domiciliario» durante cinco horas, por lo que entiende que no procede su autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

En el informe remitido al TSJA sobre la solicitud planteada por el Principado, en el que sí da el visto bueno a restringir las agrupaciones de personas a un máximo de diez personas, el Ministerio Público plantea que imponer la prohibición de circular por vías y espacios de uso público entre la una y las seis de la madrugada salvo excepciones justificadas supone «una supresión absoluta del derecho a la libertad de circulación de la población, algo que estima desproporcionado en este momento de la crisis sanitaria».

A este respecto, apunta que la medida, que de momento afectaría a Oviedo, Gijón, Carreño, Gozón, Laviana, Mieres, Siero y Villaviciosa, se aplicaría sobre la totalidad de la población de estas localidades, «cuando una parte muy numerosa de los mismos cuenta con la pauta completa de vacunación y pertenece a un grupo poblacional que no está en el foco de los contagios», según constata el propio informe remitido por el Principado para solicitar su aprobación. La Fiscalía no lo ve proporcionado porque, según se refleja en el mismo informe, Asturias es la tercera comunidad autónoma con una velocidad de crecimiento más lenta, por debajo de la media nacional.

Además, argumenta que «parece que la incidencia acumulada está en fase de descenso, la positividad ha entrado en un periodo de estabilización y la ocupación de camas hospitalarias y de UCI permanecen en niveles de riesgo bajo/medio». Por todo ello, considera que no procede su autorización por parte del alto tribunal asturiano, que deberá dictaminar entre hoy y el domingo. En cambio, la Fiscalía sí ve proporcionada la limitación de las agrupaciones de personas a un máximo de diez, con la excepción de visitas guiadas y otros eventos, al entender que es «una medida proporcional al fin que se persigue, atajar la expansión de la covid-19, por lo que se muestra conforme con su autorización».

Las medidas solicitadas por el Principado tendrían efecto durante dos semanas, computados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) del acuerdo del Gobierno en caso de obtener el visto bueno del TSJA, y se aplicarían en los concejos de más de 10.000 habitantes que pasen tres días seguidos con una incidencia acumulada de 350 casos por 100.000 habitantes.

Según los últimos datos de Salud, Oviedo, Gijón, Carreño, Gozón, Laviana, Mieres, Siero y Villaviciosa, que suman más de 631.00 habitantes -el 61 por ciento de la población de Asturias- entrarían en el denominado nivel 4+ mientras que otros 14 municipios de menos de diez mil habitantes también cumplirían los requisitos, aunque sus casos se evaluarían de forma individualizada. Antes de hacerse público el criterio de la Fiscalía, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este jueves la proporcionalidad de las restricciones solicitadas al TSJA.

Según Barbón, la Consejería de Salud «ha puesto encima de la mesa necesidades reales» con «medidas muy proporcionadas» de acuerdo a una situación epidemiológica que preocupa no tanto por el número de contagios sino porque ya está teniendo una repercusión en los niveles de ocupación hospitalaria. No obstante, ha rechazado que pueda producirse «ninguna presión» sobre el alto tribunal asturiano porque su Gobierno tiene «un profundo respeto por la labor de la justicia», informa EFE.