Busca la protección medioambiental y simplificar los procedimientos administrativos para agilizar la puesta en marcha de actividades económicas
23 ago 2021 . Actualizado a las 17:27 h.La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático ha abierto este lunes el periodo de información pública del anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental, que persigue compatibilizar la protección medioambiental con la simplificación de los procedimientos administrativos para agilizar la puesta en marcha de actividades económicas.
La normativa permitirá evaluar los posibles efectos de los proyectos y actividades con incidencia medioambiental y establecerá medidas preventivas y correctoras que minimicen el impacto sobre el medio. La futura ley será el principal instrumento jurídico del Principado para la prevención y control de la calidad ambiental y, por lo tanto, fijará los fines y principios a los que deberán quedar sujetas por razones medioambientales las actividades, tanto públicas como privadas.
Los instrumentos de intervención incluidos en el anteproyecto se basan en un régimen de autorizaciones, comunicaciones y declaraciones ambientales que se complementa con un sistema permanente de inspección y control. Asimismo, incorpora instrumentos voluntarios para la mejora de la calidad ambiental y lucha contra el cambio climático, como el fomento de los sistemas de gestión medioambiental o el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono.
Además, en su articulado, se recogen medidas de impulso de buenas prácticas en ecoinnovación y economía circular, mediante herramientas como la compra pública verde y la fiscalidad ambiental o el apoyo a la investigación y la educación ambiental. Atendiendo a la necesidad de hacer frente a proyectos, inversiones, transformaciones y reformas estructurales que permitan una estructura económica más resiliente tras la pandemia, la ley plantea medidas que permiten una mayor agilidad en la puesta en marcha de los proyectos, manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario, informa la Consejería en un comunicado.
La norma adapta los instrumentos de intervención ambiental actuales a estos principios, limitando el requisito de la autorización previa a los supuestos de actividades con una elevada o moderada incidencia ambiental que, por motivos de protección y, por tanto, de interés público, se someten a autorización ambiental integrada ordinaria o simplificada. Así, incorpora en el mismo trámite la emisión de autorizaciones ambientales sectoriales como las que se otorgan en materia de agua, aire o residuos.
En el caso de actividades de incidencia ambiental mínima, opta por la declaración responsable, que posibilita el inicio de la actividad sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, que se sustituye por un control posterior con el fin de reducir trámites y plazos. Los nuevos procedimientos sustituyen el trámite de licencia ambiental de actividades clasificadas, previsto en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Raminp), que quedará derogado, informa Efe.