A juicio el matrimonio de Cangas del Narcea que no escolarizó a sus hijos por el covid

La Voz OVIEDO

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Juzgado de Oviedo, Audiencia Provincial de Oviedo
Juzgado de Oviedo, Audiencia Provincial de Oviedo

La Fiscalía solicita 11 meses de cárcel para los acusados de un delito de abandono de familia y otro de desobediencia grave

15 sep 2021 . Actualizado a las 18:28 h.

El juicio contra un matrimonio de Cangas del Narcea acusado de sendos delitos de abandono de familia y desobediencia grave por no permitir que sus dos hijos de 15 y 11 años acudieran a sus clases el pasado curso académico por temor a contraer el covid se celebrará el próximo 12 de noviembre, según han informado a Efe fuentes de la Fiscalía.

El Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo acogerá la vista oral contra los padres para quienes la Fiscalía solicita sendas condenas de 11 meses de cárcel. El Ministerio Fiscal presentó el pasado 17 de marzo su escrito de conclusiones provisionales en el que atribuye a ambos progenitores un persistente absentismo escolar alegando para ello «motivos incoherentes».

La Fiscalía relata que los padres se negaron de forma insistente a que sus dos hijos asistieran a sus respectivos centros escolares, donde iban a cursar segundo de la ESO y quinto de Primaria, y donde únicamente el mayor de 15 años llegó a acudir un día a clase para realizar un examen.

Los respectivos centros escolares informaron a los padres, en sucesivos requerimientos, de las consecuencias de su persistente absentismo escolar y de la activación del correspondiente protocolo según indicaciones de la Consejería de Educación, sin que cambiaran su actitud.

El Ministerio Fiscal incide en su escrito en que el matrimonio alegó «motivos incoherentes», entre los que cita que las limitaciones al contacto y movimiento impuestas por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia impedían, según los padres, «un desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de las capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje».

Los padres también consideraban que la distancia social impuesta genera «sentimientos de desconfianza ante los demás, desvitaliza las relaciones, dificulta la empatía y el desarrollo de las habilidades sociales, tales como la generosidad, el altruismo, la cooperación y la ayuda al prójimo, entre otras».

Además, también advertía el matrimonio que la visión continuada de personas y compañeros con mascarillas, a las que no se les puede ver la expresión de gestos y emociones, fundamentales para una correcta comunicación verbal y no verbal, obstaculiza la misma entre compañeros y profesorado, además de impedir una comunicación fluida y potenciar la individualidad frente a la colectividad.

Para la Fiscalía, no hay duda alguna de que los acusados incumplieron de manera grave los deberes inherentes a la patria potestad al inscribir a sus hijos en una escuela a distancia, americana, a pesar de saber que no está homologada en España, y por lo tanto sin ningún reconocimiento, y conociendo la obligación ineludible de escolarizar a sus hijos en un centro normalizado para procurarles una formación integral.

El 14 de diciembre de 2020, la Fiscalía de Menores les requirió de nuevo para la escolarización de sus hijos y les advirtió de que su incumplimiento podría ser constitutivo de un delito de abandono de familia, así como de otro de desobediencia grave en caso de desoír el mandato de reincorporar a los niños a sus centros escolares para continuar con su formación.

Sin embargo, los acusados no modificaron su postura, lo que ha llevado a la Fiscalía a imputarles su presunta autoría en un delito de abandono de familia y otro delito de desobediencia grave, informa Efe.