Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León inician una «larga batalla judicial» contra la protección del lobo
ASTURIAS
El Principado hará una consulta específica al ministerio para que explique cuál es el impacto directo sobre los controles de población previstos entre 2021 y 2022
01 oct 2021 . Actualizado a las 11:13 h.Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León han iniciado una «larga batalla judicial» que ha dado comienzo este martes con la petición de medidas cautelares y la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (LESPRE).
Además, pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle la situación, considerando que la orden del Ministerio para la Transición Ecológica que protege al lobo «va en sentido contrario» a la Directiva Hábitats de la Unión Europea, que determinó en 1992 que esta especie al sur del Duero es «estrictamente protegida» pero al norte es «gestionable». Así, creen que desde el Gobierno central «han ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya».
Con estas actuaciones las comunidades que aglutinan «el 95%" de la población lobera de España», que mantendrán en las próximas semanas reuniones periódicas para abordar este asunto, confían en poder acabar con la orden publicada el 21 de septiembre que incluye al lobo como especie protegida, una «tropelía» contra los ganaderos que «también va en contra de la propia especie».
Así lo han dicho los consejeros responsables del área de las cuatro comunidades y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, COAG, ASAJA y UPA, en una rueda de prensa que han ofrecido este martes tras reunirse en Santander con para abordar y coordinar su respuesta a la inclusión del lobo en el LESPRE.
En concreto, el titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha recibido en la sede de la Consejería a sus homólogos Alejandro Calvo (Asturias), Ángeles Vázquez (Galicia) y Juan Carlos Suárez-Quiñones (Castilla y León); así como a Pedro Barato (ASAJA), Charo Arredondo (COAG) y Román Santallana (UPA).
Los consejeros han pedido «justicia y coherencia» para buscar la «coexistencia» entre el lobo y la ganadería extensiva y han confiado en que los tribunales les concedan las medidas cautelares solicitadas para poder seguir aplicando sus planes de gestión de la especie.
En este sentido, han asegurado que aunque se hagan controles de población lobera y «extracción» de ejemplares, esos planes ayudan a mantener la especie, ya que desde que se gestiona se encuentra en un estado «favorable» y con mayor presencia que en zonas en las que está más protegida, han subrayado los consejeros tras destacar su «unidad de acción», a pesar de formar parte de partidos políticos diferentes, por «la defensa de nuestro territorio y nuestra forma de vida»
Además, aunque han criticado el «desprecio» mostrado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia el mundo rural, han apelado nuevamente al «consenso» y le han pedido que «no tenga miedo al diálogo», porque una medida así «no se puede decidir de forma autoritaria y despreciando a los territorios», informa Europa Press
El consejero asturiano, Alejandro Calvo, ha remarcado la situación de «gran inseguridad jurídica» para aplicar esos planes de gestión y, en el caso concreto del plan de actuaciones previsto en Asturias para este año y el que viene, ha explicado que se realizará una consulta específica al Ministerio para la Transición Ecológica para que «nos explique cuál es el impacto directo» sobre el actual programa de gestión, que contempla el control de hasta 32 ejemplares.
Calvo también ha pedido «no alimentar la polarización» y los «mensajes simplistas» en una «situación compleja que necesita recursos y comprensión» y ha abogado por «comprometerse con un equilibrio» entre las ciudades y el medio rural. «Nuestra posición no puede ser caricaturizada ni trasladarse la imagen de que no somos responsables o que no se respeta la fauna salvaje y la biodiversidad. Si la gente del medio rural siente que no se les tiene en cuenta en las políticas que les afectan, tendríamos un gran problema», ha añadido.