Podemos e IU urgen a acordar un texto antes del 30 de noviembre y el Ejecutivo responde que priorizará el consenso sobre los plazos
01 oct 2021 . Actualizado a las 13:50 h.El Gobierno asturiano ha abogado hoy por actuar «sin prisa, pero sin pausa» en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía y por «poner el foco» en la búsqueda de un amplio consenso político «más allá de los plazos» que haga posible que la iniciativa salga adelante. También se ha pronunciado el presidente Adrián Barbón, que ha recordado a Podemos y a Izquierda Unida que sus grupos parlamentarios cuentan con seis de los 45 diputados en la Junta General y que la reforma del Estatuto requiere del apoyo de 27 parlamentarios.
La portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, se ha expresado en rueda de prensa después de que Podemos e IU plantearan hoy un calendario de trabajo sobre la reforma con el objetivo de que esté aprobada el 22 de junio, al finalizar el próximo periodo de sesiones, de forma que, a la espera de su ratificación por el Congreso, la oficialidad del asturiano esté aprobada antes del verano de 2022.
Según Álvarez, una vez abiertas las negociaciones a iniciativa del Gobierno, el debate está ahora en el ámbito de la Junta General para abordar una adaptación «amplia» del Estatuto a los tiempos actuales cuarenta años después de su aprobación.
«Hay que buscar el acuerdo más amplio posible y que se incorporen todas las cuestiones que preocupan a los grupos parlamentarios poniendo el foco en los objetivos que nos marcamos. Los plazos acucian, pero más allá de los plazos está llegar aun consenso que haga posible que esa reforma vea la luz», ha añadido tras la reunión del Consejo de Gobierno en Santullano.
Los plazos de Podemos e IU
Y es que los grupos parlamentarios de Podemos e IU han planteado este viernes un calendario para «acotar» las negociaciones de la reforma del Estatuto de Autonomía antes del próximo verano y que pasa por alcanzar un texto acordado y registrado en la Junta General, con por lo menos 27 diputados a favor, «antes del 30 de noviembre», para que esta iniciativa no acabe siendo «un proceso fallido».
Este acuerdo que negocian con el PSOE y que necesita el apoyo de otro diputado - el voto del portavoz de Foro, Adrián Pumares, podría ser el aval que desequilibre la balanza-, solo tiene como línea roja para estos grupos la obligatoriedad de que el asturiano sea lengua oficial mientras que el resto de propuestas de los socialistas podrían ser debatidas.
Estas premisas, que han sido remarcadas en rueda de prensa por el diputado y coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, y el también diputado y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, serán trasladadas hoy al PSOE.
Según han reconocido, también han hablado ya con Pumares sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque no han querido desvelar el contenido de las negociaciones.
Unas negociaciones que, para el diputado de IU, se han de realizar de «modo amable, discreto y sin distorsiones» para que puedan finalizar de forma positiva con la «irrenunciable» propuesta de la oficialidad del asturiano y se pueda concretar antes de que finalice esta legislatura.
La urgencia del calendario propuesto por estas dos formaciones se basa en la lenta tramitación para poder alcanzar un acuerdo para llevar a fin esta reforma estatutaria que, tras ser aprobada en un pleno extraordinario a celebrar el 21 junio de 2022, deberá ser refrendado en el Congreso de los Diputados.
Otra de las fechas de este calendario propuesto por ambos grupos fija el 7 de diciembre como el día del registro en la Junta del acuerdo alcanzado antes del 30 de noviembre.
A preguntas de los periodistas, los dos líderes de este partidos han señalado que la ley «no les obliga» a realizar un referendum en el que la población vote sobre la conveniencia de que el asturiano sea oficial.
En este sentido, han apuntado que este apoyo a la oficialidad del asturiano se podrá realizar en la manifestación programada para el 16 de octubre a su favor y en las comparecencias en la Junta General previstas para principio del mes de marzo, en la que los agentes sociales y económicos de Asturias demuestren su parecer.
Por su parte, el diputado de Podemos ha afirmado que «hay margen para consensuar un acuerdo pero con la agilidad necesaria que evite que chirríe este proceso que ha de terminar con la anomalía histórica de que el asturiano no sea reconocido como lengua oficial como sí ocurre en otras autonomías».
«Vamos con voluntad de acuerdo y no seremos un escollo para alcanzarlo», ha subrayado Ripa; según recogió EFE.
Contactos discretos
El Grupo Socialista ya señaló al inicio de las negociaciones que su objetivo era lograr la aprobación de la reforma a finales del próximo periodo de sesiones, en junio, y para ello está manteniendo contactos «discretos» con el resto de formaciones para abordar la propuesta del Gobierno.
El documento planteado por el Ejecutivo recoge la declaración de la oficialidad del asturiano con la previsión de que se apruebe una ley que «regule el uso oficial y la protección del asturiano y del eo-naviego», que tomaría de base el artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía de Galicia.
Para ser aprobada, la reforma necesita el respaldo de una mayoría cualificada de tres quintos de los 45 integrantes de la Junta General (al menos, 27 diputados) y la posterior ratificación por las Cortes Generales, dada su condición de ley orgánica.
Actualmente, apoyan la oficialidad del asturiano 26 de los 45 diputados, lo que suman los votos del PSOE, Podemos IU -uno menos de los necesarios- mientras que rechazan esta reforma los 17 diputados de PP, Ciudadanos y Vox. El voto de Foro puede ser así decisivo.
Además del asturiano, el documento recoge otros diez «aspectos esenciales» para la reforma estatutaria, entre ellos la posibilidad de que el Consejo de Gobierno pueda aprobar disposiciones con rango de ley (decretos-leyes) supeditadas a la posterior convalidación parlamentaria en casos de urgencia o la incorporación de nuevas competencias tomando como referencia otros estatutos.
También plantea que las elecciones autonómicas no tengan que coincidir de manera obligatoria en el mes de mayo de cada cuatro años, la concreción de las atribuciones del gobierno en funciones o el reconocimiento expreso de la capitalidad de Oviedo.
El PSOE y el PP pactaron en 2008, tras un año de trabajo parlamentario, una reforma estatutaria que no contemplaba la oficialidad del asturiano y que quedó bloqueada a última hora al renunciar los populares a asistir a la última reunión en la que debía darse el visto bueno al texto.
Las únicas diferencias al final del proceso entre socialistas y populares se centraban en la exigencia del PP de que la capitalidad de Oviedo figurase en el Estatuto y que garantizase el desarrollo de una ley que llevase aparejadas compensaciones económicas mientras que el PSOE sólo estaba dispuesto a aceptar que el texto incorporase su reconocimiento como capital del Principado.
Además, incorporaba un cambio en el sistema de elección del presidente de forma que fuera designado por investidura, fórmula que se utiliza en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, frente al mecanismo de elección previsto en el vigente Estatuto que impide a los diputados votar en contra de un candidato.