Arranca el juicio contra la antigua cúpula de UGT de Asturias por presunto fraude de subvenciones
ASTURIAS
La investigación se inició en el Principado en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la UCO de la Guardia Civil
04 oct 2021 . Actualizado a las 12:58 h.El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo celebrará a partir de mañana, martes, el juicio contra seis exdirigentes y técnicos de UGT de Asturias, entre ellos su ex secretario general Justo Rodríguez Braga, por presunto fraude de subvenciones por el desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación entre 2010 y 2014.
Las sesiones, la primera de las cuales arrancará a las 9.30 horas, se celebrarán los días 5, 7, 8, 14, 15, 19, 21, 26, 28 y 29 de octubre y 2, 4, 5, 9, 11 y 12 de noviembre en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el Palacio de Valdecarzana de Oviedo.
Entre los acusados, se encuentra el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, que dejó el cargo en 2016 tras 16 años al frente de la organización, para el que la Fiscalía solicita una pena de 10 años de prisión por cinco delitos de fraude de subvenciones.
El resto de procesados, para los que el Ministerio fiscal interesa una pena de entre 4 años y dos meses y 10 años de cárcel, son Mónica Menéndez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de formación, y María Jesús Ocaña, administradora única de Localmur.
Asimismo, serán juzgados los técnicos Alberto González, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones, y Silvia Sariego, encargada de las mismas funciones en la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación del sindicato.
Además, el propio sindicato, como entidad jurídica, se enfrenta al pago de una multa de 244.028 euros, así como a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.
La Fiscalía, que también solicita multas de distintas cuantías que en el caso de los tres principales acusados superan el millón de euros, sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante subterfugios con los que UGT y su fundación IFES lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones.
Además, estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.
Para ocultar a la administración el sobrecoste en que incurrían, según la Fiscalía, recurrían al aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con tres sociedades de las que se proveían de los bienes y servicios para las actividades formativas tanto a nivel nacional como regional.
El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan), que ejerce la acusación particular, solicitará 11 años y 6 meses de cárcel y una multa de 1,7 millones para Rodríguez Braga y reclamará al propio sindicato el pago de una multa de 244.028 euros, así como la pérdida de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 4 años, mientras que el Principado de Asturias se suma a la petición de la Fiscalía.
La investigación se inició en Asturias en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares realizada en Sevilla, informa Efe.