El exalcalde de Cangas del Narcea: «No he prevaricado y esto me está costando la vida»
ASTURIAS
Las acusaciones sostienen que, durante su mandato, José Manuel Martínez ordenó presuntamente el pago de varias obras con cargos a fondos públicos del ayuntamiento sin que estuvieran ejecutadas
07 oct 2021 . Actualizado a las 14:17 h.El exalcalde de Cangas del Narcea, José Manuel Martínez, de IU, acusado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, ha negado los hechos que se le imputan al asegurar que no sabía que varias obras del concejo pagadas con fondos públicos no habían sido ejecutadas y ha denunciado una campaña de «acoso y persecución» que le está «costando la vida».
Así lo ha apuntado en la vista oral celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que se ha retomado este jueves después de suspenderse el lunes tras varias horas de negociaciones entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las acusaciones particulares y las defensas para tratar de llegar a un acuerdo que rebajase las penas de los encausados, que finalmente no se dio.
El exregidor y otros dos acusados afrontan una petición de las acusaciones de ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras que los otros seis se enfrentan a peticiones de prisión de hasta tres años y medio e inhabilitación especial de hasta ocho años y medio.
Las acusaciones sostienen que el exalcalde, que permaneció en la alcaldía entre los años 2007 y 2011, ordenó presuntamente el pago de varias obras con cargos a fondos públicos del ayuntamiento sin que estuvieran ejecutadas.
En la vista oral, Martínez, que ha expuesto que el proceso judicial le ha provocado una «incapacidad absoluta derivada de un estrés postraumático», ha afirmado que procedía a la firma del fin de obra, tras la rúbrica de los técnicos, sin saber que «no estaba ejecutada», porque confiaba en que los empleados municipales eran «solventes y cumplían fielmente con lo que tenían que hacer».
Además de negar tener una relación de amistad con algunos de los contratistas, el exregidor ha asegurado que él no tenía conocimientos en la materia y que se guiaba de los informes técnicos que recibía sobre las obras.
«No he prevaricado y esto me está costando la vida», ha afirmado, solo a preguntas de su abogada, en un juicio en el que ha explicado que las obras tenían como objetivo crear empleo y generar economía en la región y él acudía a supervisarlas «por encima» y a visitar a los vecinos del entorno para «ver si estaban satisfechos».
«Si no había sobrecostes, no había orden de que me informaran», ha dicho sobre si se planteaba durante el proceso algún tipo de modificación en los trabajos. Martínez ha indicado que cuando comienzan a detectarse «problemas» con las obras ostentaba el cargo de alcalde el popular José Luis Fontaniella.
En este punto, el exalcalde ha recordado que, aunque obtuvo la victoria en 2011, no gobernó, porque el PP pactó con el PSOE «para hacerse con la alcaldía». «Me advirtieron de que no iban a dejar que yo siguiera siendo alcalde de ninguna manera», ha apuntado, al tiempo que ha añadido que se mantuvo como edil 2015, cuando fue expulsado de su partido tras ser imputado.
En la vista oral, en la que varios extécnicos y responsables de empresas que participaron en los trabajos han reconocido los hechos que se le imputaban, un propietario de una de las compañías ha negado haber cometido algún tipo de irregularidad en las obras y ha señalado que en 40 años como empresario no ha tenido problemas con la administración ni con particulares.
Las acusaciones imputan al exalcalde el pago por las obras de saneamiento de Fondos de Villa, Villar de Naviego y Las Escolinas, las mejoras en el camino entre Besullo y el Pomar y el de Gedrez a Piedrafita, así como la red de distribución de Las Cuadriellas, las obras en el depósito de Besullo y las de ahorro energético en núcleos rurales. Las obras fueron tramitadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, al Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y al Fondo de Cooperación Municipal del Principado de Asturias.
Además, según las acusaciones, las obras eran adjudicadas a determinadas empresas y los técnicos municipales presuntamente pactaron diversas desviaciones del proyecto inicial y el entonces alcalde aprobó las certificaciones y ordenó su pago. En estos casos el trámite se realizó de forma directa y sin pasar previamente por la Mesa de Contratación para que elevara las propuestas al órgano de contratación, pero con el conocimiento del propio alcalde Martínez, según la acusación.
La Fiscalía calcula que los acusados, con su actuación, provocaron un perjuicio económico al Ayuntamiento que supera el medio millón de euros, mientras que el Tribunal de Cuentas detectó varias irregularidades en los expedientes y cifró las cantidades defraudadas en al menos 94.168 euros, informa Efe.
