Caso Hulla: la Audiencia rechaza la desimputación de Villalta por malversación de caudales
ASTURIAS
La Audiencia ratifica además la decisión del juzgado instructor de denegar la imputación del exsecretario de Energía Pedro Marín, de otros tres exaltos cargos del Instituto del Carbón y del exconsejero de Industria Graciano Torre
07 oct 2021 . Actualizado a las 14:43 h.La sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ha estimado parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra un auto de la jueza instructora del denominado caso Hulla en lo relativo al ex alcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, y ha dejado sin efecto la denegación de su imputación por un posible delito de malversación de caudales.
Además, el auto de la Audiencia suprime de la resolución adoptada por la instructora la decisión de limitar la declaración de Pérez Villalta a la comisión de un presunto delito de prevaricación en relación a la revisión del PGOU realizada por el Ayuntamiento y el desarrollo de las obras sin licencia en al residencia La Minería, en Felechosa, construida por el Montepío con fondos mineros.
La jueza decretó el sobreseimiento libre respecto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Aller de compra y posterior cesión gratuita de la finca para la construcción de la residencia, pero la instrucción debe continuar en relación con los otros hechos -revisión del PGOU y obras sin licencia- «con independencia de la calificación jurídica de tales hechos».
La Audiencia ratifica además, con su rechazo al recurso de la Fiscalía, la decisión del juzgado instructor de denegar la imputación del ex secretario de Energía Pedro Luis Marín y de otros tres ex altos cargos del Instituto del Carbón así como del ex consejero de Industria Graciano Torre al descartar posibles responsabilidades en la concesión de 30 millones de euros en ayudas para la construcción del geriátrico.
Anticorrupción inició esta investigación después de que el secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el ex presidente del Montepío de la Minería Asturiana, José Antonio Postigo, se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.
Las pesquisas llevaron además a investigar a todos los miembros de la corporación de Aller que dieron su visto bueno a la compra de los terrenos y su posterior cesión a la mutalidad minera, un proceso que fue sobreseído por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras hacerse cargo del mismo por la condición de aforada de la entonces concejala del PP y actual diputada autonómica y presidenta de esta formación en el Principado, Teresa Mallada, informa Efe.