Tercera jornada del juicio contra la antigua cúpula de UGT: así explica una testigo las supuestas irregularidades

La Voz OVIEDO

ASTURIAS

Acusados en el juicio contra seis responsables de UGT Asturias por un posible delito de fraude en cursos de formación
Acusados en el juicio contra seis responsables de UGT Asturias por un posible delito de fraude en cursos de formación

Ana Gomis asegura que la fundación vinculada al sindicato imputaba como gastos directos los que en realidad eran gastos de personal y mantenimiento de sedes de UGT

08 oct 2021 . Actualizado a las 13:41 h.

La exdirectora territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Ana Gomis, quien denunció en 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hechos supuestamente irregulares detectados en la justificación de cursos de formación, ha mantenido que la fundación vinculada al sindicato justificaba gastos de personal y de sedes en UGT y ha negado que actuara por hostilidad y animadversión tras su cese.

Gomis se ha sometido a un interrogatorio de más de tres horas en la tercera sesión del juicio que sienta en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo al exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, a dos exdirigentes de Formación y Administración y un técnico del sindicato y otros dos técnicos de IFES y Localmur que afrontan penas entre cuatro y diez años de prisión por cinco delitos de fraude en subvenciones.

La testigo permaneció 26 años vinculada a IFES, entre 1987 1999 como directora y de 2000 hasta 2013 como técnico, y ha lamentado no haber puesto en conocimiento de las autoridades su denuncia por el presunto fraude en Asturias y en otras autonomías, donde aportó documentación, antes de 2016 aunque ha reconocido que no lo hizo por miedo a ser despedida. «Me pesa no haberlo hecho antes, aunque lo habría hecho igual», ha contestado tajante a preguntas de una de las defensas que le ha espetado que si no hubiera sido cesada seguramente no se estaría celebrando el juicio y estaría siendo cómplice del presunto desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos para cursos de formación para sufragar gastos estructurales internos del sindicato.