Asegura que los contratos adjudicados se ajustaban al reglamento
15 nov 2021 . Actualizado a las 16:42 h.El exalcalde socialista de Teverga Belarmino Álvarez ha negado este lunes haber incurrido en el delito de prevaricación continuada del que se le acusa por la constitución y adjudicación de contratos municipales a la cooperativa Teverga Forestal y Servicios, hechos por los que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público.
Así lo ha asegurado en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo, donde también se ha sentado en el banquillo de los acusados el exsecretario municipal, quien afronta una pena de ocho años de inhabilitación para desempeñar su profesión.
Según el escrito fiscal, Álvarez, que fue regidor entre 2011 y 2015, promovió que seis personas constituyeran TFS con el ánimo de eludir cualquier tipo de control administrativo o limitación en la contratación, entramado en que se atribuye al exsecretario haber ayudado.
La cooperativa iba a disponer de los bienes municipales necesarios para desarrollar los contratos menores que, según la acusación, de forma directa y atendiendo a su mera voluntad personal, le iba a encargar para asegurar sus ingresos, eludiendo así cualquier tipo de competencia en la contratación.
La cuantía total de la contratación adjudicada por el acusado a la cooperativa entre los años 2013 y 2015 ascendió a 262.000 euros, cuando en realidad su único cliente era el consistorio tevergano.
Frente a ello, el exalcalde ha asegurado en su declaración que no participó en la constitución de TFS y «en ningún caso» eligió a las seis personas que forman parte de ella.
Álvarez ha recalcado que los contratos adjudicados a la cooperativa «se ajustaban al reglamento» y aquellos que eran menores «eran perfectamente legales, como así lo estimó el secretario municipal», quien «nunca puso ningún reparo».
El exregidor ha negado «haber facilitado» la sede a TFS, sino que firmó un contrato de alquiler con el consistorio, dado que disponía de oficinas en un semillero de empresas, que no fue redactado por él, sino que solo procedió a rubricarlo.
«Si el secretario, como asesor legal, dijo que era legal firmar el contrato, doy por sentado que así sería», ha subrayado antes de sostener que si la cooperativa procedía al pago del local es una cuestión que «vendrá en el contrato», dado que no le corresponde al alcalde «estar al a tanto de cobros y pagos».
Asimismo, sobre los 3.000 euros del capital social que fueron transferidos por la corporación municipal a la cuenta de la cooperativa TFS al no disponer «los socios de ese dinero», ha explicado que el secretario le aseguró que «era posible hacer préstamos reembolsables», por lo que también era «totalmente legal».
El exregidor ha asegurado que el seguimiento de las obras adjudicadas era competencia de los técnicos y, al no haber ningún tipo de reclamación, se deduce que «todo estaba en orden» al tiempo que ha sostenido que el secretario no puso «ningún reparo» en el proceso.
«No dije qué personas tenían que ser contratadas por la cooperativa, no asistí a ninguna junta de socios, no decidí si se repartían beneficios o no y no fijaba los sueldos», se ha exculpado el alcalde.
En la vista también ha comparecido el exsecretario municipal, quien también ha negado los hechos que se le imputan y quien ha asegurado que acompañó al exregidor a la firma de la constitución de la cooperativa ante notario, porque le pidió que estuviese presente.
«No intervine en la redacción de sus estatutos y no supervisé la función de la cooperativa, porque era una sociedad independiente y no municipal», ha apuntado antes de sostener que «no sospechó» de que la entidad podría traer problemas.
Además de la petición de condena para su inhabilitación, el Ministerio Fiscal interesa además que los dos acusados indemnicen conjuntamente al Ayuntamiento de Teverga en 116.155 euros.
El exalcalde ya fue condenado en 2018 por un delito de prevaricación administrativa por la contratación de su hija a una pena de inhabilitación de siete años para ejercer cargos públicos.
La Audiencia consideró acreditado que suscribió con su firma dos resoluciones que facilitaron la contratación de su hija para la realización de prácticas profesionales no laborales, en el marco del Plan de Empleo para Jóvenes 2013-2014, subvencionado por la Consejería de Economía del Principado, informa Efe.