Recta final del juicio por el crimen de Ardines: la acusación mantiene las penas de 25 años
ASTURIAS
La familia sostiene que los cuatro acusados se coordinaron para terminar «de forma salvaje» con la vida del concejal y las defensas insisten en su petición de absolución
25 nov 2021 . Actualizado a las 15:22 h.La Fiscalía y la acusación particular han mantenido este jueves su solicitud de 25 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados de participar en el asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, cometido el 16 de agosto de 2018 en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría, mientras que las defensas han insistido en su petición de absolución. El juicio con jurado popular que se sigue en la Audiencia de Oviedo ha entrado en su recta final con el inicio de la lectura de conclusiones, que se desarrollará entre hoy y mañana.
Las acusaciones sostienen que el móvil del crimen fue los celos que sentía el presunto inductor, Pedro N.A., amigo personal del edil, tras descubrir, en diciembre de 2017, que su mujer, a su vez prima segunda de la esposa de Ardines, y el concejal mantenían una relación en secreto. Para las acusaciones, Pedro N.A., el presunto inductor, se encontraba en un estado de «desesperación y obsesión» por la infidelidad que le llevó a buscar a su amigo Jesús M. para encargarle el crimen y éste, tras concertar el plan con el presunto sicario Djilali B., aceptó el encargo. El argelino Djilali B. habría acordado llevar adelante el plan con la ayuda de su compatriota Maamar K. para garantizar la muerte del concejal y acordó con éste el reparto del dinero.
Según sostienen tanto la Fiscalía como la acusación particular, fue en julio de 2018 cuando Pedro N.A., residente en Amorebieta (Vizcaya), tomó la decisión de ejecutar su plan sabedor de que su mujer pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de Ardines. Tras estudiar los movimientos rutinarios del concejal, los dos acusados como sicarios, Djilali B. y Maamar K., se habrían desplazaron a Belmonte de Pría para ejecutar el crimen y, tras un primer intento fallido en la madrugada del 1 de agosto, ambos lo intentaron por segunda vez dos semanas después.
Según las acusaciones, en la madrugada del 16 de agosto los sicarios colocaron unas vallas de obra para impedir el paso del vehículo de Ardines y cuando éste se bajó para retirarlas, ambos le atacaron, primero con un espray de pimienta. Ardines fue golpeado en la cabeza con un palo o un bate de béisbol y después le estrangularon hasta matarlo sobre las 6.30 horas, según los informes forenses.
La fiscal ha asegurado que el encargo de Pedro N.A. no tenía la finalidad de «dar una paliza» al concejal sino la de matarle porque fue atacado con un golpe hecho «con intensidad y ganas» que le provocó una fractura de cráneo y a continuación le estrangularon. Para la Fiscalía, «no hay duda alguna» de la culpabilidad de los cuatro acusados a pesar de que las pruebas contra ellos son indiciarias y ha pedido justicia para la víctima y su familia.
La fiscal ha afirmado que lo único que intentan las defensas, al pedir la libre absolución, es pedir la nulidad y echar por tierra una investigación de la Guardia Civil que fue «seria, completa, compleja y detallada». El móvil del asesinato, según la Fiscalía, era que Pedro N.A. vivía «atormentado y obsesionado» con la infidelidad de su esposa con el concejal, a raíz de que el 8 de diciembre de 2017 les grabara «adrede una conversación caliente» que confirmaba la relación entre ambos. A partir de ese momento, Pedro N.A. estaba «desesperado» hasta el extremo de entrar en internet a buscar en tiendas sobre métodos de espionaje, y le llevó a enviar a su esposa mensajes de que «sin su amor, él se moriría de pena» y a controlarla de forma constante.
Jesús M. fue el intermediario, a juicio de la Fiscalía, por tenr una participación «activa» y «protectora» hacia Pedro N.A. y viajar junto a éste y Djilali B. el 27 de julio de 2018 para darle instrucciones al presunto sicario sobre la zona donde se iba a realizar la emboscada en Belmonte de Pría (Llanes). Otra prueba indiciaria es que el presunto intermediario es el que «busca a los sicarios», realiza el último pago de 20.000 euros una vez cometido el asesinato y es el mensajero entre Pedro N.A. y Djilali B.
Pruebas indiciarias
La fiscal ha indicado que Djilali B. no odia, ni tiene ánimo de venganza hacia Pedro N.A., ni Jesús M. y sólo les involucra con «todo lujo de detalles» e incluso a costa de implicarse él mismo. Asimismo, ha afirmado que el relato del presunto sicario de que había sido torturado y coaccionado es «mentira» porque es «absurdo» ya que llegó a afirmar que en el juzgado de Llanes que quería decir la verdad para que la supiera la familia de Ardines y tuviera justicia.
Otra prueba indiciaria para la Fiscalía es que el teléfono de Maamar K. estaba en el lugar de los hechos cerca del cadáver del concejal y ha dudado de la versión de su mujer de que lo hubiera perdido porque era una lección «aprendida» y «dejó abierta» la posibilidad de que su esposo se desplazara de Bilbao a Belmonte de Pría el mismo día del asesinato.
Por su parte, la familia de Javier Ardines ha asegurado que los cuatro acusados del crimen se coordinaron para ejecutar «un papel imprescindible» para terminar «de forma salvaje» con su vida. El abogado Antonio Pineda, que ejercita la acusación particular en nombre de la familia del concejal, ha pedido al jurado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que no tengan en cuenta las dudas que siembran las defensas con sus «juegos de artificio». Ha recordado que la familia ha esperado estos tres años desde el crimen hasta llegar al juicio para lograr del jurado que el veredicto sea de culpabilidad.
«Torrente de pruebas»
A través de la confesión del presunto sicario Djilali B., ha dicho el abogado, queda absolutamente acreditado el papel de cada uno de los cuatro imputados en el asesinato y existe «un torrente de pruebas» que confirman que el asesinato fue ideado por Pedro N.A. por los celos que sentía del edil por la relación extraconyugal que mantenía con su esposa y quien instruyó sobre dónde y cómo emboscar al edil, pagando inicialmente 5.000 euros a Djilali B. para llevar a cabo el encargo utilizando como intermediario a Jesús M.
Este supuesto intermediario fue quien contrató directamente a Djilali B. y éste a Maamar K. para matar al edil y, una vez consumado el crimen, les pagó 20.000 euros en nombre de Pedro N.A., ha dicho el abogado, que ha añadido que una prueba que le lleva a constatar su participación en el crimen es que, una vez terminado con su vida, Djilali B. llamó a Jesús M. para pedirle más dinero por el asesinato y éste, por orden de Pedro N.A le entregó 20.000 euros y el sicario a su vez entregó la mitad del dinero a Maamar K. porque éste ya se había ido del país por miedo a ser detenido.
Comparación con Dolores Vázquez
Por su parte, la defensa de Pedro N. A. ha pedido al jurado que no alcancen un veredicto de culpabilidad «por conjeturas» ya que considera que no hay pruebas, ni testigos directos de su participación en el crimen. El abogado Javier Beramendi, defensor de Pedro N.A., ha dicho que todas las partes buscan «la verdad judicial» y que las acusaciones pretenden que con unos mimbres de mala calidad se construya un cesto por el que piden 25 años de cárcel a los cuatro acusados.
El letrado, que pide la libre absolución, ha solicitado al jurado que alcance su veredicto con «una certeza plena y pruebas suficientes» y ha mostrado su convicción de que deben llegar a un veredicto de no culpabilidad porque de lo contrario sería «condenar a un inocente». Ha recordado que en este juicio no hay testigos por lo que sólo se puede alcanzar la verdad del hecho probado quizá por indicios, «pero nunca por conjeturas».
La defensa se ha mostrado sorprendida de que las acusaciones preguntaran a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por sus «grandes éxitos» y sin embargo no se hablara de sus errores porque el riesgo que tiene el investigador es que «se acaba encelando con su trabajo» y sólo dirige la investigación hacia un único camino.
En este punto, la defensa ha comparado este caso con el del asesinato de Rocío Wanninkhof que mantuvo a Dolores Vázquez 18 meses en prisión pese a ser inocente por una cuestión «también atribuida a los celos» porque la UCO se «enceló» en que había que encontrar a un culpable.
También ha reprochado que no se hiciera una investigación más exhaustiva sobre los otros focos de conflicto de la víctima: el laboral como delegado de Personal por sacar a concurso las plazas de un tercio de la plantilla municipal de Llanes que era interina o el hallazgo de unos fardos en la costa ante una posible dedicación al tráfico de drogas o un hostelero que públicamente mostró su enfrentamiento personal con el edil.
Además, le ha llamado la atención que el informe «demoledor» sobre el ADN hallado en la escena del crimen certificara que el único perfil genético pertenecía a una mujer que mantuvo relaciones sexuales con la víctima la víspera del crimen y se inculpe a los acusados, de los que no se halló ADN.
Estas líneas no se investigaron porque, según el letrado, ya había un objetivo claro en culpar a su representado cuando, en su opinión, no hay ni un solo mensaje donde tenga una palabra malsonante hacia Ardines e incluso mantuvo una conversación con él tras descubrir la infidelidad.
También. ha dicho que su comportamiento no encaja tampoco con el de un inductor, porque no destruyó información, nunca borró conversaciones, ni mensajes de su teléfono y tampoco se buscó una coartada para el día del crimen. Para el letrado, otras conjeturas serían que su defendido por mirar páginas de internet sobre balizamiento de vehículos o cámaras ocultas controlase a su esposa o que las acusaciones intenten trasladar al jurado que las defensas pretenden la nulidad de la declaración de Djilali B. cuando ya el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló una parte por vulnerar derechos fundamentales.
El juicio continuará mañana, viernes, en la Audiencia con los informes de las defensas de Jesús M., Djilali B. y Maamar K., informa Efe.