Villalta afirma ante la jueza que los intereses del municipio siempre han prevalecido en su actuación
03 dic 2021 . Actualizado a las 18:39 h.El exalcalde de Aller Gabriel Pérez Villalta ha declarado este viernes en calidad de investigado por sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales en el denominado caso Hulla y ha alegado ante la juez que siempre hizo lo que creía que era mejor para el municipio, según han informado a EFE fuentes judiciales.
Ante la prensa, prefirió no pronunciarse sobre los hechos por los que hoy ha tenido que comparecer y dentro de la sala sólo ha contestado a las preguntas formuladas por su abogado defensor Luis Tuero para reiterar que los intereses del municipio siempre han prevalecido en su actuación.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo investiga al exalcalde por sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales después de que la Audiencia Provincial acordara, el pasado mes de octubre, dejar sin efecto la denegación de su imputación por el segundo delito.
La Sección Segunda de la Audiencia estimó así parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra un auto de la jueza instructora que sólo consideraba que Pérez Villalta debía responder por su presunta responsabilidad únicamente en el delito de prevaricación
Por el contrario, la Audiencia en su resolución acordó que el exalcalde comparezca en la sede judicial por su presunta autoría en un delito de prevaricación sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por el Ayuntamiento de Aller y el desarrollo de las obras sin licencia en la residencia La Minería, en Felechosa, construida por el Montepío con fondos mineros.
La jueza había decretado el sobreseimiento libre respecto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Aller sobre la compra y posterior cesión gratuita de la finca para la construcción de la residencia, pero tras la resolución de la Audiencia tendrá que incorporar también la instrucción en relación con los otros hechos -revisión del PGOU y obras sin licencia- «con independencia de la calificación jurídica de tales hechos».
La Fiscalía Anticorrupción inició esta investigación después de que el secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, y el ex presidente del Montepío de la Minería Asturiana, José Antonio Postigo, se acogieran a la amnistía fiscal de 2012 para regularizar 1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente, fondos que sospecha que pudieron derivar de la obra del geriátrico, financiado con cargo a los fondos mineros tras modificar el Decreto que regulaba su concesión.
Las pesquisas llevaron además a investigar a todos los miembros de la corporación de Aller que dieron su visto bueno a la compra de los terrenos y su posterior cesión a la mutualidad minera, un proceso que fue sobreseído por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras hacerse cargo por la condición de aforada de la entonces concejala del PP y actual diputada autonómica y presidenta de esta formación en el Principado, Teresa Mallada.