La consejera de Presidencia destaca que uno de cada tres euros de las partidas de su departamento irán a ciberseguridad y digitalización
09 dic 2021 . Actualizado a las 11:17 h.Más de un tercio de los 233,6 millones de euros del presupuesto previsto para la Consejería de Presidencia para el próximo año se destinará a sistemas de información y telecomunicaciones con el fin de mejorar la seguridad y los servicios que se prestan de forma electrónica en la administración autonómica, fomentar su uso y aligerar trámites. En concreto, serán más de 97,5 millones de euros, un 17 por ciento más que este ejercicio, la partida destinada a ciberseguridad y digitalización en 2022, según ha detallado la consejera de Presidencia, Rita Camblor, que este jueves ha abierto la ronda de comparecencias del Gobierno en la Junta General para exponer el proyecto de presupuestos del Principado para el año que viene. Además la consejera destacó que se dará un impulso a las políticas LGTBI ante «el preocupante aumento de los delitos de odio».
El objetivo de estos presupuestos es conseguir también una administración más «cercana y abierta» a la ciudadanía, ha señalado la titular de Presidencia que ha destacado que para el próximo año el incremento presupuestario de su departamento será de 24 millones, un 11,4 por ciento más, porcentaje que se sitúa por encima del incremento medio de las cuentas globales del Principado para el próximo año, que superarán los 5.354 millones.
Más de uno de cada cuatro euros que gastará esta Consejería se destinará al área de justicia, Viceconsejería que absorberá más de 67,8 millones de euros, un 10,19 por ciento más, y que incluye 3,6 millones de euros para el pago de la anualidad correspondiente a la construcción de la nueve sede judicial de Langreo, que tendrá un coste global de 6,5 millones.
También recoge otra partida para la redacción del proyecto de rehabilitación integral de los juzgados de Cangas de Onís, que se acometerán en 2023 con una inversión prevista de 2,7 millones de euros.
Para el próximo año, se contempla un gasto de 235.000 euros para acometer la segunda fase del nuevo Juzgado de Violencia de Género de Gijón, que tendrá un coste superior a los 400.000 euros y que se prevé adjudicar antes de acabe el presente año.
En la mejora de la eficiencia energética del Palacio de Justicia se invertirán otros 300.000 euros, y en la mejora de instalaciones y accesibilidad del Tribunal superior de Justicia otros 1,3 millones, según ha destacado la consejera, que ha anunciado también que se contempla un aumento de plantilla de 17 trabajadores, ocho de ellos para el nuevo juzgado de Avilés.
Camblor ha anunciado también que para cubrir nuevos puestos de personal, principalmente, en la RTPA se ha previsto un incremento presupuestario de 779.000 euros y que para adaptar su emisión a la alta definición se invertirán más de 6,7 millones de euros.
La consejera ha anunciado también que, ante el aumento de los delitos de odio su departamento tiene previsto tramitar «cuanto antes» una ley LGTBI que garantice los derechos de este colectivo y destinar 184.000 euros al desarrollo de la Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática.
Para atender las necesidades de asturianos residentes en el exterior se destinarán 1,4 millones, un programa del que este año se han beneficiado 354 emigrantes, en su mayoría residentes en Argentina.
El próximo año se abordará un nuevo plan de cooperación al desarrollo, un apartado que dispondrá de un presupuesto de 5,3 millones de euros, de los que 2,88 millones irán a financiar proyectos en el exterior, la mayor partida desde 2015.
En cuanto a la Dirección General de Administración Local, el Fondo de Cooperación Local ascenderá a 8,35 millones de euros, 150.000 más que en el presente ejercicio, de los que 4,1 millones se reservarán para obras en pequeños ayuntamientos, 150.000 más que en 2021.
Por primera vez se contempla también la creación de una bolsa de empleos para provisión interna de plazas con la que suplir la falta de algunos profesionales, como secretarios, en los ayuntamientos, un programa con el que, según la consejera, se agilizará la contratación y se ahorrarán costes asociados.
Las cuentas públicas incluyen también once proyectos financiados con cargo a los fondos mineros, por un importe de 6,2 millones de euros; informó EFE.