También se iniciará el procedimiento para aprobar un decreto que regule el teletrabajo en la Aministración autonómica
16 dic 2021 . Actualizado a las 14:24 h.El proyecto de Ley del Empleo Público, en el que un grupo de expertos lleva trabajando todo el año y que ha sido objeto de negociación con los sindicatos durante los dos últimos meses, será aprobado y trasladado al parlamento asturiano para su debate a lo largo del próximo invierno.
Asimismo, se iniciará el procedimiento para la aprobación de un decreto que regule la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo en el ámbito de la Administración del Principado, según ha anunciado el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, al detallar el contenido del presupuesto de su departamento ante la Comisión de Hacienda de la Junta General.
Esta nueva ley, según Cofiño, tiene que impactar en los procesos de gestión y de contratación pública en el que tanto la administración como los funcionarios han adoptado «una posición excesivamente garantista» que hace que a los procedimientos administrativos «ya de por sí tediosos, complejo y difíciles» se les sume otra «capa defensiva» que provoca que su aprobación «se dilate en el tiempo de forma excesiva e innecesaria».
«Es posible un procedimiento más ligero donde brille la eficacia y eficiencia sin merma de la seguridad jurídica y el control público», ha afirmado tras señalar que ya se ha empezado a revisar esa «pesada regulación» que obedece a un procedimiento administrativo «muy antiguo y empeorado en los últimos años» por las cautelas derivadas de los procesos de corrupción que ha vivido este país.
El vicepresidente ha reconocido también que hay que «tender a la contención» de los gastos de personal de la administración autonómica, que actualmente cuenta con una plantilla orgánica de 37.163 personas, pero que cuenta con más de 41.000 empleados públicos.
El exceso obedece, según ha añadido, a las contrataciones hechas en el Servicio de Salud y en la red educativa para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia de la covid-19, y que han supuesto que se hayan contratado más de 3.000 trabajadores.
En su opinión, la evolución de la serie histórica que seguido en los últimos años el gasto de personal «no puede continuar en los mismos términos» y debe ser objeto de consenso porque para la prestación de unos buenos servicios públicos no es tan importante el tamaño como la calidad.
El gasto en personal del Principado se incrementará el próximo año en 53,2 millones de euros, de los que 38,86 millones obedecen al incremento salarial del 2 por ciento y el resto a gastos en refuerzos para la gestión de los fondos europeos y dotaciones para el pago de la carrera profesional
En los próximos años, ha añadido, una sociedad envejecida como la asturiana va a requerir más servicios públicos relacionados con la atención a la dependencia o la sanidad, que requerirán de más personal, pero otros ámbitos de la administración «deberán de perder peso».
«Hay que diseñar bien la senda para evitar que su crecimiento desmesurado impida la aplicación de otras políticas públicas», ha subrayado, si bien ha reconocido que hasta que todo va a estar en suspenso mientras no se pase la página de la pandemia de forma definitiva.
De momento, la Inspección General de Servicios está ultimando un trabajo «intenso y sofisticado» de análisis de cargas de trabajo de las que se van a derivar las necesidades de cada área para elaborar una nueva relación de puestos de trabajo
Dentro del proceso de reforma y modernización de la administración asturiana, Cofiño ha destacado que será vital también el proceso de digitalización y la necesaria simplificación administrativa que comprende la normativa y los procedimientos de actuación.
Hacer una apuesta decidida por ambos permitirá reducir la «excesiva burocracia que aqueja a nuestra administración y que es señalada por la ciudadanía como una de las principales rémoras», ha asegurado el vicepresidente.
Para el portavoz adjunto del PP, Pablo González, es insostenible la evolución del gasto de personal que se está dando en los próximos años, y aunque se ha mostrado de acuerdo en el diagnóstico y medidas que se plantea el Ejecutivo para atajarlo, se ha preguntado si serán suficientes o si se adoptarán a la velocidad adecuada.
Desde IU, Ovidio Zapico ha dicho estar «expectante» ante la próxima aprobación de la Ley de Empleo Público, mientras que Carlos Fanjul, de Ciudadanos, ha incidido en la necesidad de fomentar la actividad privada para obtener recursos con los que poder prestar servicios públicos eficientes, informa Efe.