La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández ha clamado de nuevo, aunque parece que en el desierto parlamentario. Fernández ha reiterado en la Junta sus peticiones (desoídas): más medios materiales y personales y la ampliación de las sedes judiciales en Oviedo. ¿Por qué? Porque el despropósito es de tales dimensiones que hay veinte sedes judiciales dispersas en la capital. El resultado: profesionales que andan de un sitio para otro y edificios en régimen de alquiler.
Esther Fernández apuesta por el edificio del Centro Cívico como una de las mejores opciones, siempre teniendo claro que es el Principado el que tiene la última palabra (y el dinero, claro). La cercanía a los juzgados es un valor añadido. La fiscala no se ha mordido la lengua. Cree que las instalaciones de Fiscalía parecen «como un chicle» que se va «estirando» año tras año y ha advertido que posiblemente se puedan estar incumpliendo las normas de riesgos laborales. «La plantilla está apiñada».
Y más críticas: ha tildado de «nefasto» el sistema de cubrir bajas de funcionarios especialmente en el caso de los interinos. Y ha comentado cómo magníficos funcionarios interinos tienen que cesar por la incorporación de un titular y otros en cambio permanecen, aunque su trabajo sea «de escasa o nula» calidad, sólo por el mero hecho de llevar más tiempo en la lista. Es decir: las injusticias de la función pública.
¿Habrá vuelto a clamar en el desierto?