El Gobierno asturiano acusa al PP de querer engañar con «fake news» en el informe de la oficialidad
ASTURIAS
El Principado denuncia que los populares confunden «por desconocimiento o deliberadamente» las estimaciones sobre el coste de implantar la oficialidad con su impacto económico, que incluye la generación de actividad y empleo
10 feb 2022 . Actualizado a las 20:10 h.El Gobierno de Asturias ha lamentado que el Partido Popular haya «intentado engañar» a la ciudadanía al presentar un informe jurídico externo sobre la oficialidad del asturiano como el modelo defendido por el Principado, un documento que «ni vincula al Ejecutivo ni responde a las propuestas expresadas por el presidente Adrián Barbón».
«Tal maniobra resulta impropia de un partido que se tiene como alternativa de gobierno. La tergiversación y el recurso a las fake news eran, al menos hasta ahora, un terreno más propio de la extrema derecha», señala en un comunicado el Ejecutivo regional.
La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, y el secretario general del partido, Álvaro Queipo, han acusado este jueves al Principado de «engañar y traicionar» a los asturianos al haber «ocultado» desde 2020 un informe jurídico que avala que la «única» vía posible para la implantación de la oficialidad del asturiano es haciendo obligatorio su uso y que estima en 200 millones el impacto económico que podría tener. Según sostiene el Ejecutivo regional, el documento se registró telemáticamente ayer, a las 11. 27 horas, en la Junta General, a solicitud del PP.
Ese estudio, coordinado por el profesor Miguel Ángel Presno Linera, había sido encargado por la Consejería de Cultura en 2020, antes de que se hubiera abierto la negociación para reformar el Estatuto. El Principado señala que la solicitud de informes externos es una práctica habitual en la Administración y «sus consideraciones y conclusiones no vinculan al Ejecutivo».
La contratación del estudio se realizó tal y como establece la normativa y «con total transparencia» se publicó en el Perfil del Contratante, con que «cualquier persona interesada podía saber que se había encargado».
En consecuencia, el gobierno «jamás tuvo voluntad de ocultar su existencia», contra lo que afirma el Partido Popular, ni tampoco «escondió sus planteamientos acerca del modelo de oficialidad».
El Gobierno asturiano sostiene que el propio presidente Barbón se encargó de explicitar que el nuevo Estatuto, en el caso de aprobarse, «no lo detallaría» y que su redacción final quedaría condicionada al acuerdo posterior de los grupos parlamentarios sobre una ley de uso.
Además, según recuerda el Principado, en respuesta a una exigencia planteada por Foro Asturias, el jefe del gobierno aclaró que estaba dispuesto a aceptar que la aprobación de esa ley exigiera una mayoría reforzada de 3/5, la misma que se requiere para modificar el Estatuto.
El Gobierno autonómico pone de manifiesto que, a lo largo de las negociaciones, Barbón también manifestó en la Junta General su rechazo a que el conocimiento del asturiano y/o del eonaviego fuese obligatorio para el acceso a la función pública o tuviese carácter vehicular en la enseñanza, dos «criterios que contrastan con el contenido del informe».
Otra prueba de que el gobierno no se sentía vinculado a las consideraciones del trabajo es la propuesta de artículo 4º planteada a Podemos, IU y Foro, redacción que «es muy distinta a la recogida por el estudio».
Todos estos argumentos, añade el Principado, «descalifican el intento del PP para hacer pasar un trabajo externo como una suerte de hoja de ruta oculta del Gobierno de Asturias para la cooficialidad». Así, abunda que es un informe jurídico elaborado por profesionales con conocimiento y prestigio, pero no es el proyecto del Principado.
Para el Gobierno de Barbón, «la confusión de coste e impacto económico» exhibida por Mallada y Queipo «tampoco casa con la seriedad y la solvencia exigibles a la segunda fuerza política de Asturias». «De forma deliberada o por desconocimiento, ambos utilizaron los dos conceptos como sinónimos, cuando el impacto económico incluye también la actividad y el empleo que generaría la implantación de la oficialidad», ha precisado al respecto.
Contra lo asegurado en su comparecencia, el informe no considera un «único modelo, sino tres distintos, cada uno con su coste y con su repercusión económica». De hecho, subraya, el estudio precisa que la simulación que más se aproxima «a las previsiones del gobierno autónomo» requeriría un incremento del gasto público de 7,1 millones.
El Ejecutivo considera, además, que tanto el artículo 3.2 de la Constitución como varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) -en concreto, la 56/2016 y la 75/2021, posterior al informe- avalan que sea el propio Estatuto de Autonomía el que determine tanto la declaración de oficialidad como su alcance.
En esos fallos, el TC ha avalado la limitación del equilibrio inexcusable entre lenguas cooficiales para el acceso a la función pública. El Gobierno de Asturias interpreta que la limitación sería extensible al ámbito educativo, de modo que se garantizase la voluntariedad de aprendizaje que no hiciera obligatorio el bilingüismo imperativo en la educación. «Es, ciertamente, un planteamiento novedoso que no ha sido analizado en el estudio ni por el TC», finaliza el comunicado el Gobierno regional, informa Efe.
