El catedrático afirma que le hubiera gustado que se publicase y que no recibió ninguna orientación
11 feb 2022 . Actualizado a las 14:01 h.El catedrático Miguel Ángel Presno, coordinador del informe jurídico sobre la oficialidad del asturiano encargado por Cultura, ha dicho este viernes que habría preferido que ese documento se hubiera hecho público, y ha afirmado que no le gustaría que el trabajado desarrollado fuese un «instrumento para arrojarse políticamente».
«Si la consejera de Cultura (Berta Piñán) ha decidido no hacer público el informe es su decisión», ha declarado a los periodistas antes de impartir la conferencia «El sistema electoral asturiano» en la Facultad de Derecho.
El estudio, encargado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo en 2020, concluye que hay diferentes escenarios para la implantación del asturiano y del eo-naviego como lenguas cooficiales, el más 'barato' por algo más de 18 millones de euros y el más elevado con un impacto económico superior a los 202 millones de euros al año, con un coste directo de 172,7 millones, y el indirecto a 29,9 millones más y que se generen 3.760 puestos de trabajo directos y otros 354 indirectos.
Ha incidido en el carácter «orientativo» del informe en distintos apartados, como el plazo transitorio de cinco años, que podrían ser 3 o 7 años, para que el personal de la Administración pueda acreditar el conocimiento de la lengua.
El jurista ha abundado que el primer paso, sin el cual no habría ningún otro, sería la reforma del Estatuto, y si esta se llevara a cabo recogiendo que el asturiano y el eo-naviego serían cooficiales en el Principado, sin que se generara ningún tipo de discriminación, «tanto por usarlo como por no hacerlo».
Además, el informe incide en que estas lenguas se incorporasen a los medios de comunicación de titularidad pública, de una manera que «ya se vería cómo hacerlo», y partir de ahí se conocería la influencia en la toponimía, la administración pública y la enseñanza.
La mera oficialiadad, aunque no hubiera posteriormente una ley de desarrollo ya generaría efectos, ha indicado Presno, que ha señalado que los ciudadanos podrían utilizar el asturiano, pudiendo dar lugar a «cierta judicialización» en caso de que no hubiera una ley.
Sobre la necesidad de que la futura ley de cooficialidad tuviera que ser aprobada por una mayoría cualificada, como pedía Foro, ha indicado que el informe «no aborda» esta cuestión, si bien en un análisis posterior a petición de Podemos el propio Presno puntualizó que se podía «discutir si eso era lo más adecuado en términos democráticos pero jurídicamente no plantea dudas».
«Lo importante no es solo la reforma estatutaria sino la concreción legislativa posterior», ha apuntado el catedrático.
El estudio, en el que el Presno coordinó un grupo de cinco personas, con un coste de 17.000 euros, fue entregado el diciembre del año 2020.
Respecto al coste de la implantación de la cooficialidad del asturiano ha admitido que «no se sabe», ya que depende de «cómo se hiciese», y ha pedido no confundirlo con el impacto económico, teniendo en cuenta que además de coste público habría inversión privada.
El coste dependería también de la gradualidad en la implantación de la cooficialidad.
«No recibimos ninguna indicación política, ni la hubiéramos aceptado», ha dicho Presno, coordinador de un trabajo «académico» que tenía el objetivo de «explicar cómo se podía hacer la oficialidad, no cómo no se podía hacer».
En cuanto a la obligatoriedad, se establece que la oficialidad del asturiano «genera derechos» y desde el punto de vista de la Administración regional «habría que atenderlos»; informó EFE.
