Fue un error de estrategia política por parte del Gobierno del Principado no haber dado cuenta en su momento de los resultados del informe encargado a un equipo de la Universidad de Oviedo, encabezado por el catedrático Miguel Presno, para evaluar distintos escenarios de costes, ingresos y posibilidades de empleo que podría generar la oficialidad del asturiano. Fue un error porque el informe detalla tres hipótesis, en los extremos una muy barata por poco más de 18 millones y otra muy elevada que suma casi 200, pero quien decidió contarlo a la opinión pública apenas ha mencionado esta última opción y el resto queda barrido por la polémica.
Hasta Presno se sorprendió de que no se hubiera publicado y lamentó que se estuviera utilizando como arma política. Lo cierto es que la opción más barata del informe encaja como un guante, incluso con menor coste, de las peticiones que ha abandera la mayor parte del movimiento a favor de la oficialidad del asturiano incluyendo a la Academia de la Llingua, que desde hace años defiende un modelo que estima supondría unos 20 millones de euros al año para las arcas del Principado. El informe en realidad corrobora que es posible un sistema asturiano de oficialidad menos oneroso que el de otras comunidades bilingües.
No habrá oficialidad en esta legislatura o, al menos, hay muy pocas opciones de que vaya a fraguarse un acuerdo entre los grupos implicados y que además haya plazo para si convalidación en las Cortes Generales. No ha habido acuerdo porque Foro se plantó reclamando rebajas fiscales y la contraoferta de Podemos (que disgustó a IU y al PSOE) fue evaluada por Hacienda en unos 35 millones de euros menos de recaudación en tributos autonómicos. Ese es un precio que se ha puesto a la oficialidad en la mesa de negociación, ajeno del todo a los informes universitarios.
La pasada legislatura el entorno de Vox ya se ocupó de lanzar una especulación desproporcionada basada en datos ilusorios (como el modelo de la capital de Bélgica con una separación radical de flamencos y valones), para elevar el coste de la oficialidad hasta los 70 millones. La cifra entonces exagerada se ha quedado ahora pequeña al lado del runrún con el que asienta la opinión cierta prensa impresa.; sólo dando por valida la 'estimación intensa' como si fuera el contenido único del estudio.