Polémica por las talas en el gran territorio forestal asturiano fronterizo con A Mariña
ASTURIAS
Tirantez en San Tirso de Abres por las restricciones para sacar madera del monte
25 feb 2022 . Actualizado a las 21:19 h.En el concejo asturiano de San Tirso de Abres, fronterizo con A Mariña lucense, la explotación de los montes centra estas semanas las conversaciones de los poco más de 400 vecinos de un municipio en el que se ultiman los trámites para completar la segunda fase de la concentración parcelaria pública forestal Montes de San Tirso, iniciada hace unos siete años y que todo indica que convertirá a este ayuntamiento en el primero de Asturias en tener el 100 % de la superficie forestal concentrada.
Esta operación y sus consecuencias —el Ayuntamiento debe asumir el mantenimiento y el arreglo de las vías— ha llevado al equipo de gobierno a adoptar medidas que no son vistas con buenos ojos por empresas del sector que trabajan en la zona ni por dueños de montes, principalmente plantados con eucalipto y algo de pino.
Desde la Asociación de Propietarios Forestales de San Tirso de Abres, constituida para defender los derechos de titulares particulares y que ha pedido una reunión de urgencia con el alcalde, critican la postura del Ayuntamiento por seguir bloqueando los permisos para talas y por las consecuencias que tendrán que afrontar los vecinos al limitar el Concejo a 16 toneladas el peso máximo autorizado de la maquinaria, algo que, a su juicio, provoca el rechazo de los maderistas a trabajar en la zona y expone a los particulares a afrontar unas pérdidas económicas importantes.
Alegan que la limitación de tonelaje se recoge en la nueva ordenanza de usos y protección de caminos de titularidad municipal publicada el pasado día 22, un detalle que no contemplaba la norma de 1999 que, como la actual, también recoge otras obligaciones de los maderistas.
Pérdidas económicas
El otro asunto que les preocupa es el «bloqueo» de permisos municipales en los últimos meses para talar. Desde la asociación aseguran que este tema se abordó en un encuentro vecinal el 19 de enero en el que el regidor de San Tirso se comprometió a cambiar esta situación y a dar autorizaciones ya el mes pasado para poder empezar a operar desde el 1 de febrero.
Este miércoles —indicaban— todavía no está en vigor. Lo ven urgente teniendo en cuenta que, en la recta final del proceso de concentración, a mediados de agosto se iniciará la toma de posesión de las parcelas por parte de los futuros propietarios y que, aunque se ha fijado un plazo hasta el 31 de octubre de 2023 para que los actuales titulares puedan sacar el arbolado, creen que el tiempo juega en su contra y que esta situación les condicionará a la hora de negociar contratos y precios. «El alcalde prometió que desbloquearía cuanto antes la situación para dar permisos, ¿por qué no lo hace? Con esta actitud a los únicos que nos perjudica es a los vecinos», apuntan desde el colectivo.
Por su parte, el regidor de San Tirso, Clemente Martínez, sostiene que la limitación de 16 toneladas ya existía antes de que ellos llegaran al Gobierno local en tres de las cinco carreteras más transitadas. No obstante, insiste en que serán flexibles, pero el objetivo principal de la ordenanza es intensificar el control por parte del Ayuntamiento con respecto a la utilización de los caminos rurales por vehículos de gran tonelaje y fijar medidas que permitan garantizar la reparación de estos después de su utilización.
El alcalde anuncia que dará permisos y negocia quién pagará los daños en las vías durante los últimos 7 años
Horas antes de mantener un encuentro este jueves por la tarde con empresas del sector forestal para abordar cómo se repartirán el pago de los daños causados en vías en los últimos siete años, el alcalde de San Tirso reconocía que las decisiones municipales solo buscan la defensa del conjunto de los vecinos y velar por el buen estado de la red viaria.
Es consciente de que es un tema espinoso, pero asume la presión y la polémica de este envite porque cree que hay que poner coto a los desmanes y definir quién y cómo se deben afrontar los cuantiosos desperfectos que causa la saca de madera de los montes en vías municipales. Afirma que un Concejo con un presupuesto que ronda los 600.000 euros no puede asumir los casi 1.500.000 euros que costaría arreglar y devolver la red viaria al estado que presentaba hace siete años. Martínez reconoce que las empresas pagan una tasa, pero es insuficiente ya que en los últimos 7 años el Ayuntamiento solo ha recaudado por este concepto unos 90.000 euros.
Apunta que decidieron fijar el pasado junio una moratoria de permisos de tala «para que los maderistas cambien de actitud» y para redactar la nueva ordenanza. Anunció que, tal y como prometió en la reunión, autorizará ya todos los permisos y lo único que impidió no hacerlo antes fue la demora de la publicación de la ordenanza en el «BOPA».