La nueva ley de Calidad Ambiental permitirá eliminar medio millar de licencias al año
ASTURIAS
La norma reducirá trabas y simplificará procedimientos en la puesta en marcha de actividades económicas
18 mar 2022 . Actualizado a las 13:24 h.El nuevo proyecto de Ley de Calidad Ambiental aprobado hoy por el Consejo de Gobierno del Principado permitirá eliminar cada año en torno a medio millar de licencias y simplificar así los procedimientos administrativos a la hora de obtener el permiso necesario en ese ámbito para el desarrollo o instalación de distintas actividades económicas.
La norma, que ahora se remitirá al parlamento autonómico para su tramitación, pretende convertirse en el «principal instrumento jurídico para la prevención y control de la calidad ambiental», pero con menos trabas y una mayor simplificación de los procedimientos, según el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que hoy ha dado luz verde al texto elaborado desde Medio Ambiente, Cofiño ha incidido en que la nueva norma fija los fines y principios a los que quedan sujetas las actividades económicas, tanto en instalaciones públicas como privadas.
El proyecto permite evaluar los posibles efectos negativos de proyectos y actividades en el medio ambiente, por lo que implanta medidas preventivas y correctoras para minimizar su impacto.
En función de la potencial incidencia ambiental de las actividades, la norma establece tres tipos de intervención administrativa, que será más exhaustiva en el caso de las actividades e instalaciones de mayor incidencia ambiental, a las que se les aplicará la ley estatal de prevención y control integrados de la contaminación.
En este caso, las actividades seguirán sometidas al régimen de la autorización ambiental integrada ordinaria, por motivos de protección y, por tanto, de interés público, situación que afecta en la actualidad a cerca de 90 grandes instalaciones en Asturias, que ya cuentan con ella.
Para las actividades con moderada incidencia sobre el medio ambiente y que requieren de uno o varios permisos ambientales sectoriales, ya sea porque producen emisiones, generan vertidos o tratan residuos, se establece el régimen de la autorización ambiental integrada simplificada.
Se trata de un novedoso instrumento que, según ha explicado Cofiño, reúne en una única autorización autonómica las diferentes autorizaciones ambientales sectoriales y aplica, por lo tanto, principios de simplificación, racionalización y cooperación entre administraciones públicas.
En el caso de proyectos con incidencia ambiental mínima, se opta por la fórmula de la declaración responsable, que permite al titular iniciar su actividad de forma inmediata, sin necesidad de autorización o de otro acto administrativo previo, que se sustituye por el control posterior.
Este régimen será el único de competencia de los ayuntamientos y se podrá utilizar para actividades económicas como talleres de reparación de vehículos (sin cabina de pintura), gasolineras, carpinterías metálicas o de madera, hostelería, antenas de telefonía, garajes o ganaderías, entre otras.
Tanto la autorización ambiental integrada simplificada como la declaración responsable ambiental sustituirán el trámite de licencia ambiental de actividades clasificadas previsto en el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Anualmente, se tramitan en Asturias en torno a 500 solicitudes de licencia ambiental al año, de las que, con la nueva norma, unas 50 serían objeto de la nueva autorización ambiental integrada simplificada, mientras que el resto quedarían sometidas a la declaración responsable ambiental, que se tramitará en el ayuntamiento donde se ubique la instalación o actividad.
Buenas prácticas
Este proyecto de ley incorpora además instrumentos voluntarios para la mejora de la calidad ambiental y lucha contra el cambio climático, como el fomento de los sistemas de gestión medioambiental o el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono.
También recoge medidas de impulso de buenas prácticas en ecoinnovación y economía circular, mediante herramientas como la compra pública verde o el apoyo a la investigación y la educación ambiental.
La norma prevé, además, la creación del Consejo de Medio Ambiente como órgano consultivo y de participación que permita favorecer la colaboración de las administraciones públicas y los agentes económicos, sociales e institucionales.
Según Cofiño, ha sido una «ley de gestación lenta» - se han atendido cerca de 190 cuestiones presentadas por una veintena de alegantes-, pero una vez supere el trámite parlamentario permitirá «compatibilizar el control del medio ambiente con la simplificación administrativa y hacer posible que su preservación no sea a expensas de la actividad económica», informa Efe.