El fiscal antidroga en Pontevedra: «Hay que cambiar todo el modelo de instrucción, no solo al juez por el fiscal»

Pablo Varela (Oviedo, 1977) cumple cinco años al frente de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra con pleno de sentencias condenatorias en todas las acusaciones ya juzgadas o conformadas. Su autoexigencia se traslada igualmente a la necesidad de mejorar los mimbres procesales para trabajar con agilidad. Tras una semana con una macrooperación que vincula a Galicia con el negocio global de las narcolanchas, reclama un vuelco en el método de investigación criminal para evitar la saturación del sistema judicial con asuntos que se enquistan con recursos en la fase de instrucción. Un cambio de paradigma que va mucho más allá de la mera sustitución del juez por el fiscal al frente del trámite judicial.

—¿Qué le ha resultado más complejo de solventar en estos cinco años?

—En gran parte de las ocasiones el trabajo más costoso no es la propia investigación operativa, y sí, lamentablemente, la tramitación judicial posterior. Contamos con una Ley de Enjuiciamiento Criminal que sí somete a la investigación a plazos, pero no garantiza que dicha investigación se limite únicamente a presentar los cargos necesarios para saber si un caso debe enjuiciarse; lo que hace es reproducir a través de un procedimiento trufado de posibilidades de recurrir en reforma, y después en apelación, las resoluciones judiciales dictadas. No se trata simplemente de cambiar al juez por el fiscal.

—Entonces, el sistema es ineficiente...

—Tremendamente ineficiente, ralentiza la investigación judicial y merma la eficacia. Además, ¿necesitamos medio materiales? Desde luego. ¿Necesitamos medios personales? También. Pero lo que necesitamos, sobre todo, es gratis, y consiste en cambiar la regulación procedimental para garantizar la eficiencia en la tramitación.

—¿Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

—Hay que cambiarla, pero la mayor discusión no es sometida a debate o discusión por nadie. Consiste en determinar que el modelo de juez de instrucción debe desaparecer.

—Pero actualmente ya hay un anteproyecto de ley iniciado por le Ministerio de Justicia.

—Sí, efectivamente, es el tercer anteproyecto desde el año 2011. Incide en el mismo diseño y responde a la misma estructura de la fiscalía europea, que ya está en funcionamiento. También a la estructura de todos los países de nuestro entorno, de la Corte Penal Internacional y de todos los tribunales internacionales. Hablamos de una fiscalía que se encarga de dirigir la investigación y presenta al tribunal que resuelve el juicio de acusación el material para saber si hay elementos para ir a juicio oral. No se trata de que en España se cambie el modelo de instrucción para que manteniendo el modelo actual se ponga al fiscal en el lugar del juez. No, no... hay que cambiar el propio modelo de instrucción. El actual permite retrasar todo multiplicando los recursos de reforma en la tramitación de los asuntos. Si a eso se añade la sobrecarga y la falta de medios personales y materiales de los órganos judiciales encargados de la instrucción de estas causas, se obtienen todos los elementos de por qué tenemos tantos retrasos.

—Las investigaciones operativas en España señalan siempre a transportistas o destinatarios de alijos en el país, pero nunca a los proveedores, origen de todo el problema, ¿cómo trabajan esta parte de la actividad criminal?

—Las organizaciones de narcotráfico en España no se mueven en un ámbito meramente nacional, están implementadas y obedecen a criterios de relación entre organizaciones proveedoras, transportistas y las que adquieren los cargamentos de cocaína. Es por eso que el futuro de estas investigaciones depende de la eficiencia procesal a través de normas adecuadas que garanticen que los procedimientos no queden estancados. Además, y entre otros elementos, de que las redes de cooperación judicial y fiscal garanticen que el ámbito de la investigación pueda abarcar a todos los frentes desde el origen hasta el destino.

—¿Existen las herramientas en forma de regulación para eso?

—Los equipos conjuntos de investigación, y la articulación procesal a través de órganos europeos, cuentan con una regulación que en los últimos años ha posibilitado que el engranaje de la institución Eurojust facilite el trabajo de manera eficiente. En el ámbito de la investigación criminal de narcotráfico se ven implicados, en la mayor parte de las ocasiones, países latinoamericanos y países europeos, y de modo muy particular España. En ese ámbito también existe una regulación normativa de equipos conjuntos de investigación y de cooperación judicial y fiscal. Iniciativas como la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) tratan de garantizar la coordinación más eficiente posible de esas investigaciones, y el camino tiene que ir por ahí, no hay otro camino posible. Cuenta con dos grandes profesionales que ejercen de coordinadores, como son los fiscales antidroga Ignacio de Lucas, desde España (recientemente nombrado teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional) y Matias Álvarez, desde Argentina.

—¿Resulta compleja esa colaboración a ambos lados del Atlántico?

—La RFAI, desde el 2014 a la actualidad, ha posibilitado de modo concreto avanzar a través de mecanismos formalizados en el intercambio de información procedimental y ha garantizado un canal de comunicación que permite tender puentes para que circule la información procesal entre los países de Latinoamérica y los de Europa. Eso es implementar de modo eficiente las herramientas que existen para garantizan la máxima eficacia. Tiene bastante más valor que cualquier modificación del Código Penal que permita imponer penas desorbitadas que lleguen demasiado tarde y de juicios complejísimos que se consiguen alargar con recursos que se superponen los unos a los otros en causas que se sobredimensionan en relación con la tramitación real que deberían de tener.

—Galicia lleva un lustro encadenando cifras disparadas de incautaciones de cocaína, pero el precio del kilo de coca en la calle sigue muy bajo, rondando los 27.000 euros...

—Las organizaciones no plantean sus movimientos para dar respuesta a la demanda del mercado, y sí para alimentar sus estructuras criminales. Una gran parte se almacena para darle salida atendiendo a los propios intereses de los importadores con el ánimo de obtener la máxima rentabilidad. De ahí que sea común que exista más almacenada que en el mercado.

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