Seis años de retrasos, un acusado en quirófano, un fiscal en cuarentena: el caso Asturpharma
ASTURIAS
Seis directivos de la empresas afrontan penas de cárcel por varios presuntos delitos societarios
18 abr 2022 . Actualizado a las 17:21 h.La Audiencia Provincial acoge mañana, martes, el juicio contra seis exdirectivos de Asturpharma, quienes afrontan penas de entre cinco y seis años de prisión como presuntos autores de delitos societarios, después de que la vista oral se haya suspendido ya cuatro veces desde el año 2017.
La última suspensión tuvo lugar en septiembre de 2020 cuando el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia se vio obligado a aplazar la vista oral debido a que el fiscal encargado de la causa se encontraba en cuarentena al haber estado en contacto con un positivo por la Covid-19 y carecer aún del resultado de la PCR y ante los problemas técnicos que impidieron que se pudiera realizar a través de una videoconferencia.
El juicio ya había sufrido otros tres aplazamientos en 2017, 2018 y 2019 por incomparecencia de acusados y testigos; en una ocasión por la ausencia de un procesado que había sido intervenido quirúrgicamente y en las otras dos por no haber sido notificados de forma fehaciente los testigos que se encontraban en el extranjero.
Los seis acusados son exdirectivos a quienes la Fiscalía imputa delitos de falsedad en documento mercantil, falsedad de cuentas anuales e insolvencia punible en concurso fraudulento a través de tres sociedades mercantiles.
La primera sociedad mercantil, radicada en Llanera y dedicada a la producción de medicamentos genéricos, sufrió una pérdida de 7,5 millones de euros a raíz de la devolución de pedidos entre 2006 y 2008 debido al suministro de una partida en mal estado, con la consiguiente pérdida de uno de sus clientes más importantes, lo que llegó a comprometer seriamente la viabilidad de la empresa.
En los balances provisionales de esta mercantil en 2008 se contabilizaban unos fondos propios negativos de 2,4 millones de euros, mientras que en otra segunda sociedad que había adquirido el 99,9 por ciento de su capital social se inscribieron unos fondos propios de 15.217 euros.
La Fiscalía advierte en su escrito de calificación que el balance incorporado a la escritura de compraventa no se correspondía con el que formaba parte de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.
Para hacer frente a las deudas a corto plazo, por 23,5 millones, la empresa sólo disponía de un activo corriente y no necesariamente líquido de 16,8 millones y, según expone la Fiscalía, tampoco en este caso el balance incorporado a la escritura de compraventa se correspondía con las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.
Pese a que en ambas sociedades mercantiles concurrían causas legales de disolución, por hallarse en situación de insolvencia, no solicitaron el concurso de acreedores hasta finales de 2009.
La Fiscalía mantiene que los administradores sociales de la empresa de Llanera no entregaron los libros de contabilidad de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, ni tampoco los libros de actas y registro de acciones nominativas, al igual que no formularon, ni aprobaron las cuentas de 2009; informó EFE.