No sólo existe la denuncia, contrastada, de que hay una «tasa rosa» que encarece un mismo producto (por ejemplo maquinillas de afeitar) se se dirigen al público femenino en vez de al masculino; las mujeres deben asumir por cuestiones de biología, un gasto mensual impuesto en productos relacionados con la menstruación y no ha habido pocos debates sobre la necesidad de abaratarlos en la medida de lo posible.
También se ha planteado en Asturias aunque con escaso éxito respecto a las posibilidades de acción efectiva desde la administración autonómica afirma tener escaso margen para regular tales cuestiones.
Ha sido motivo de una de las preguntas parlamentarias llevadas ante el Gobierno por parte del diputado de Podemos Asturies, Daniel Ripa, quien inquirió al Ejecutivo autonómico sobre si «¿Valora su gobierno implementar la gratuidad, exenciones o subvenciones a los productos para el ciclo menstrual que generan un gasto fijo mensual por razón de sexo y que provoca pobreza menstrual y desigualdades en función de la renta?»
En su respuesta la Vicepresidencia del Principado apunta que, si bien es una prioridad del Ejecutivo avanzar en políticas de igualdad «actualmente el Consejo de Gobierno no tiene previstas actuaciones vinculadas de manera directa a los gastos derivados del ciclo menstrual, ya que carecemos de instrumentos para actuar en ese ámbito tan concreto».
Así se detalla que «dado que no podemos intervenir en los mercados, no podemos establecer a gratuidad de este tipo de productos», pero tampoco tiene el Principado, se señala en la respuesta, la capacidad de intervenir en materia de impuestos que califica de «tremendamente restringida». Así Vicepresidencia afirma que «únicamente podríamos actuar en IRPF, pero dado que la normativa nos impide aplicar las deducciones en los supuestos de cuota negativa, actuar en este impuesto tendría una consecuencia indeseada. Es más, una deducción asociada a este tipo de gasto sería claramente regresiva, ya que aquellas personas más necesitadas de ayuda, las de menor renta, no conseguirían beneficiarse de la deducción. De este modo en última instancia, por esa vía favoreceríamos únicamente a aquellas rentas que probablemente puedan asumir el gasto derivado de estos productos sin gran esfuerzo».
La respuesta concluye recordando que las comunidades autónomas «no estamos habilitadas para establecer exenciones».