«Sólo se quería dar una paliza, no sabía que iba a morir», el recurso de los condenados en el caso Ardines

La Voz

ASTURIAS

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) celebra este martes la vista de apelación a la sentencia por el asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines,
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) celebra este martes la vista de apelación a la sentencia por el asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, J.L.Cereijido | EFE

El Ministerio Fiscal y la familia de concejal han pedido al TSJA que rechace los argumentos de la apelación de la sentencia

17 may 2022 . Actualizado a las 16:54 h.

El Ministerio fiscal y el abogado de la familia del concejal de IU asesinado en Llanes Javier Ardines han solicitado este martes, en la vista de apelación de sentencia, que se rechacen los recursos de anulación presentados por las defensas de los cuatro condenados a penas de entre 20 y 22 años: Pedro N.A. como inductor; Djilali B. y Maamar K. como autores materiales a cambio de dinero, y Jesús M., como intermediario.

Las defensas de los cuatro condenados han solicitado ante el alto tribunal asturiano la revocación de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio con un tribunal del jurado y un magistrado diferentes al estimar que se vulneraron sus derechos.

El abogado de Pedro N. ha incidido en la nulidad de la primera declaración de Jesús M., a la que habría tenido acceso el jurado, y ha subrayado que «si el encargo era dar una paliza, no hay prueba de cargo que permita sostener que la petición era matar».

El letrado de Jesús M. ha insistido en que la primera declaración policial tomada a su defendido, pese a la declaración de nulidad posterior para el proceso, ha supuesto una «vulneración en forma y espíritu», y ha sostenido que como consecuencia del testimonio ofrecido por su representado se estableció una «relación directa en la línea de investigación» del caso.

El abogado de Djilali B. ha apuntado la «indefensión» y los «derechos conculcados» de su defendido al resultar condenado a raíz de un veredicto más fundamentado en una declaración, «atendiendo más a conjeturas» que a «pruebas concluyentes».

Para el letrado de Maamar K. , el jurado del caso ha tenido acceso a documentos a los que no debería porque la declaración de Jesús M. había sido declarada nula, y ha enfatizado que el resultado de los datos de ese testimonio han arrojado como resultado la «conculcación de derechos fundamentales».

Frente a ello, el Ministerio fiscal ha rechazado que la justicia haya llegado a la identificación de Djilali M. a raíz de la declaración nula de Jesús M., que ha atribuido a las «interacciones continuas» mantenidas por ambos, y ha defendido la legalidad de las pruebas reclutadas así como la inexistencia de «coacción» por parte de los agentes.

El abogado de la familia de Ardines, que ha hecho suya la exposición de la Fiscalía ha discrepado de quienes intentar «desacreditar» a los agentes de la Guardia Civil, ha sostenido que «no hay pruebas que desvirtúen» el informe policial, y ha concluido: «lo que ha existido ha sido un cúmulo de indicios, no conjeturas».

La sesión, celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ha finalizado con la intervención por videoconferencia de los condenados, en cuyo turno Pedro N.A. se ha limitado a declarar que es «inocente»; Jesús M. ha dicho que la «verdad» del caso está en su primera declaración: «Yo no conocía a ese señor. Sólo se quería dar una paliza, no sabía que iba a morir. No he hecho nada, soy inocente», mientras que Maamar K. ha declinado intervenir y con Djilali B. no resultado imposible establecer la comunicación.

La Audiencia de Oviedo condenó el pasado mes de diciembre a Pedro N.A, que habría planificado el crimen tras conocer que su mujer y el concejal mantenían una relación, a 22 años de prisión, al igual que a los dos ciudadanos argelinos acusados de ejecutar el crimen a cambio de dinero, Djilali B. y Maamar K., mientras que a Jesús M. se le impuso una pena de 20 años como cooperador necesario al atribuirle el papel de intermediario.

Los cuatro acusados, que fueron declarados culpables por unanimidad por un jurado popular tras un juicio que se prolongó durante 18 sesiones, deberán indemnizar además a la viuda y los dos hijos de Ardines con 400.000 euros de forma conjunta y solidaria, según estableció el fallo.

La sentencia declaró acreditado que Pedro N.A. descubrió la relación extramatrimonial de su mujer, a su vez prima segunda de la esposa de Ardines, tras grabarles en diciembre de 2017 una conversación que confirmó sus sospechas y meses después, en julio de 2018, comenzó a urdir un plan para acabar con la vida del edil.

Para ello, Pedro N.A. le hizo el encargo a su amigo Jesús M. que, tras aceptar ayudarle, contactó con Djilali B y los tres viajaron el 27 de julio de 2018 desde Vizcaya, donde todos ellos residían, hasta la parroquia llanisca de Belmonte de Pría, para transmitirle al sicario toda la información sobre la zona y las costumbres y hábitos del concejal, según detalló el fallo.

Tras acordar los preparativos de una emboscada, Djilali B. asumió el encargo y propuso ejecutarlo y repartirse el dinero con su compatriota argelino Maamar K.

Así, el 16 de agosto de 2018, los dos sicarios se trasladaron de nuevo a las inmediaciones de la vivienda de Ardines hacia las cuatro y media de la mañana y colocaron en el camino vecinal tres vallas metálicas de obra para cortar el paso.

Tras ello, se escondieron y esperaron la llegada de Ardines, quien tenía la costumbre de salir muy temprano de casa para ir a faenar con su barco, labor que compatibilizaba con su cargo como concejal de Playas, Personal y Medio Rural.

Ardines se encontró con las vallas sobre las seis y cuarto de la mañana, lo que le obligó a bajar del coche para retirarlas.

En ese momento irrumpieron los dos sicarios, que primero le rociaron con un espray de pimienta para luego golpearle en la cabeza con un bate de béisbol o un palo, y después estrangularle, según detalló la sentencia tras el veredicto del jurado.

El asesinato de Ardines obligó a la Guardia Civil a una larga y compleja investigación que llevó a la detención de los acusados seis meses después del crimen; informó EFE.