El Principado garantiza defender los intereses de Asturias en la nueva causa contra Riopedre
ASTURIAS
El exconsejero de Educación, su número 2 entonces y dos empresarios están procesados por delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos
20 may 2022 . Actualizado a las 14:16 h.La portavoz del Gobierno asturiano, Melania Álvarez, ha asegurado hoy que el Ejecutivo «va a seguir defendiendo los intereses del Principado como hasta ahora» en la nueva causa abierta contra el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en el departamento, María Jesús Otero, por adjudicar varios contratos de suministro de mobiliario para los centros educativos, por valor de 3,7 millones de euros, que nunca llegó a su destino.
Álvarez ha hecho estas afirmaciones, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Consejo del Gobierno del Principado que hoy se ha celebrado en La Caridad (El Franco).
El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha dictado un auto de procesamiento contra Riopedre y Otero así como contra los empresarios Víctor Manuel Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez, responsables de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, a las que se les adjudicaron los contratos para el suministro de material a 87 centros educativos entre los años 2009 y 2010.
La jueza cifra en 3.758.099 euros el perjuicio causado a la administración pública por la facturación emitida y cobrada por ambas empresas «sin la correlativa prestación de servicios o suministros», de los que 3,23 millones corresponderían a Almacenes Pumarín y 524.000 euros a Igrafo.
Los cuatro procesados, junto a la exfuncionaria Marta Renedo, ya fueron condenados por la Audiencia Provincial en el año 2017 por su responsabilidad en el conocido como «caso Marea», la mayor causa de corrupción investigada en Asturias, relacionada con la adjudicación irregular de contratos a empresas.
La nueva causa judicial parte de un informe elaborado por el Principado después de que la Fiscalía advirtiera, en diciembre de 2014, de que Riopedre, Otero y los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.
El Gobierno regional abrió en julio de 2015 una investigación para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros, lo que permitió destapar un fraude de casi cuatro millones de euros.
Después de que el informe no llegara a tiempo para incorporarlo a la causa del caso Marea, el Principado lo remitió al Ministerio Público, que presentó una nueva denuncia.
La magistrada procesa a los cuatro por los delitos de falsedad en documento oficial y mercantil y de malversación de caudales públicos. Además, a Riopedre y a Otero se les atribuye indiciariamente un delito de prevaricación, y a ésta última y a los dos empresarios otro de cohecho.
Para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse, el auto impone fianzas de 5 millones de euros al exconsejero y a su número dos; de 4,3 millones a Alfonso Carlos Sánchez, y de 700.000 euros a Víctor Manuel Muñiz y decreta el embargo de bienes si no se prestaran, informa Efe.
