El Principado se personará en la nueva causa contra Riopedre y Otero para recuperar recursos
ASTURIAS
Se acusa a los antiguos responsables de Educación de adjudicar varios contratos de suministro de mobiliario, por valor de 3,7 millones de euros, que nunca llegó a su destino.
31 may 2022 . Actualizado a las 11:14 h.El Ejecutivo asturiano exigirá «responsabilidades de todo tipo, incluyendo el resarcimiento del daño» en la nueva causa abierta contra el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su número dos en el departamento, María Jesús Otero, por adjudicar varios contratos de suministro de mobiliario para los centros educativos, por valor de 3,7 millones de euros, que nunca llegó a su destino.
Así lo ha manifestado este martes el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, en respuesta a una pregunta formulada por Foro Asturias en el pleno de la Junta General, donde ha avanzado que el Ejecutivo se personará en la causa.
Cofiño ha asegurado que los ciudadanos «pueden estar completamente seguros» de que el Principado también movilizará «todos los recursos jurídicos a su alcance» para intentar reparar el daño causado en el conocido «Caso Marea».
En su intervención, Cofiño ha garantizado que el Ejecutivo ha desplegado una «panoplia de amplísimos recursos legales, administrativos y de control» para asegurar que este tipo de casos no vuelvan a repetirse, «sin perjuicio de que por mucho que se afinen las medidas de control siempre es posible alguna conducto desviada o anómala», ha precisado.
El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha advertido del impacto que este tipo de casos de corrupción pueden tener en las arcas públicas, además de la percepción en la ciudadanía.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo dictó recientemente un auto de procesamiento contra Riopedre y Otero así como contra los empresarios Víctor Manuel Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez, responsables de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, a las que se les adjudicaron los contratos para el suministro de material a 87 centros educativos entre los años 2009 y 2010.
La jueza cifra en 3.758.099 euros el perjuicio causado a la administración pública por la facturación emitida y cobrada por ambas empresas «sin la correlativa prestación de servicios o suministros», de los que 3,23 millones corresponderían a Almacenes Pumarín y 524.000 euros a Igrafo.
Los cuatro procesados, junto a la exfuncionaria Marta Renedo, ya fueron condenados por la Audiencia Provincial en el año 2017 por su responsabilidad en el conocido como «caso Marea», relacionado con la adjudicación irregular de contratos a empresas.
La nueva causa judicial parte de un informe elaborado por el Principado después de que la Fiscalía advirtiera, en diciembre de 2014, de que Riopedre, Otero y los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado; informó EFE.