Según la Fiscalía, el acusado y una mujer fugada de la justicia llevan desde 2006 captando mujeres en el país asiático aprovechándose de su precaria situación económica y explotándolas mediante violencia física
07 jun 2022 . Actualizado a las 13:51 h.La Fiscalía del Principado de Asturias solicita, entre otras, penas que suman 15 años de prisión para un procesado por explotar y prostituir a mujeres tailandesas, aprovechándose de su precaria situación económica y problemas familiares.
El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, junto con una mujer actualmente fugada de la Justicia y en situación de rebeldía procesal, se dedicó al menos desde el año 2006 a captar a jóvenes, principalmente de nacionalidad tailandesa, aprovechándose de su precaria situación económica y problemas familiares, ofreciéndoles un trabajo remunerado y una vida mejor para ellas y su familia.
Ya en España, las jóvenes eran trasladadas a Asturias y alojadas en pisos alquilados, situados en Oviedo y Gijón. También en un club en Oviedo. Una vez alojadas, se les comunicaba que tenían una deuda generada por los gastos del viaje y que tenían que saldarla ejerciendo la prostitución. Ante su negativa, las mujeres eran obligadas con violencia física y psíquica a ejercer actividades de alterne en distintos pisos y en el local de Oviedo.
La captación en el país de origen, Tailandia, era favorecida por el hecho de que la mujer era nacional de ese país, al que viajaba habitualmente y al que remitía importantes cantidades de dinero. El acusado y la mujer formaban pareja al menos desde el mes de mayo de 2006, vivían juntos y gestionaban la actividad delictiva conjuntamente, aprovechándose de las ganancias a través de una cuenta bancaria que tenía la mujer y de la que hacía transferencias internacionales periódicas a Tailandia, al menos desde el año 2010.
Para conseguir sus objetivos, el procesado y su pareja se aprovechaban del desconocimiento del idioma de las chicas, a las que quitaban su teléfono móvil. Todas ellas carecían de medios de vida y eran sometidas a un régimen de aislamiento e incomunicación.
Así se aseguraban su presencia y la obtención de los ingresos derivados del ejercicio de la prostitución, lo que era facilitado dadas las condiciones en las que se encontraban las chicas, su juventud, dificultades de idioma, sin arraigo familiar, social y económico en España y la precaria situación económica en su país de origen.
La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de delito de trata de seres humanos, de prostitución y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que solicita que se condene al procesado por el delito de trata de seres humanos en concurso con el delito de prostitución coactiva, a la pena de 11 años de prisión y accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la hostelería, actividades de ocio y esparcimiento, restauración y similares durante el tiempo de la condena.
Además, el procesado no podrá aproximarse a 2 a menos de 1.000 metros, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentren durante 12 años; tampoco podrá comunicarse con ella por cualquier medio de comunicación, informático o telemático ni establecer contacto escrito, verbal o visual con ellas durante 12 años.
Asimismo, se impondrá al procesado las medidas de libertad vigilada, consistentes en prohibición de realizar en todo el territorio español actividades de alquiler de pisos y habitaciones, hostelería, restauración, ocio y esparcimiento y similares que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
Por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, a la pena de 1 año de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
Por el delito de prostitución coactiva, a la pena de 3 años de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de 18 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a 1 y 2 con 60.000 euros a cada una por las cantidades percibidas por la explotación de estas en la prostitución y por los perjuicios morales ocasionados por estos hechos. La vista oral está señalada para el miércoles, 8 de junio, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas, informa Europa Press.