Un coche eléctrico que circule por Asturias cuenta en estos momentos con una red de 264 puntos de recarga pública. Pero las ventas de vehículos electrificados ya se acercan a las de los modelos diésel y gasolina, y el mercado exige una infraestructura que dé el servicio que precisa la nueva movilidad. Con la demanda del diésel en caída libre, y una oferta de modelos eléctricos en crecimiento y su venta subvencionada (cuentan con ayudas a la compra y bonificaciones fiscales), la instalación de puntos de recarga de acceso público es ya una necesidad urgente. Y en el Principado vamos con mucho retraso.
El índice de infraestructuras, que marca la calidad del último trimestre en base a 100, deja a Asturias en el furgón de cola del país, con un exiguo 3.9. La comunidad más avanzada es Cataluña (pese a registrar solo un 8,9) y la más atrasada es Andalucía, con un 2,6 sobre 100.
El objetivo, según el Gobierno, sería llegar a los 145.000 puntos de recarga en todo el país, y a algo más de 6.000 en Asturias, una cifra que surge tras multiplicar por 30 las ya existentes. Todo un abismo. Y hay que lograr estas metas «si España quiere cumplir con los objetivos de descarbonización planteados para el 2030», advierte un informe elaborado por Esade y la Fundación Caja de Ingenieros
España —y poniendo el foco en las comunidades, Asturias— continúa estando bastante lejos de la media europea en lo que a movilidad eléctrica se refiere, según reflejan los datos del Barómetro de Electromovilidad correspondiente al primer trimestre del 2022 que acaba de publicar Anfac, la patronal española de fabricantes de coches, que sitúa más alto el objetivo de necesidades de áreas de abastecimiento: 110.000 puntos de recarga para el año 2025 y alrededor de 340.000 para el horizonte del 2030.