Cerca de 7.000 trabajadores se corresponden con profesionales sanitarios
20 jun 2022 . Actualizado a las 13:34 h.El Gobierno asturiano estima que en los próximos diez años se jubilarán unos 13.000 empleados de la administración autonómica, de los que 7.000 se corresponden con profesionales del Servicio de Salud del Principado. Otras 2.000 jubilaciones se producirán entre el personal que trabaja en la propia administración general del Principado, y 3.000 serán docentes y personal que trabaja en este ámbito, mientras que otros 450 serán trabajadores de organismo públicos y 500 en la administración de justicia.
Los datos los ha aportado hoy el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, en respuesta a una pregunta formulada en comisión por el portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado, Pablo González. El vicepresidente ha señalado que esta cifra no deja de ser una estimación, porque el número final de empleados públicos que dejen de trabajar en la próxima década dependerá también de la edad a la que éstos decidan marcharse y de las limitaciones que fije la propia Seguridad Social.
Aunque ha señalado que es motivo de preocupación, Cofiño ha incidido en que supone también una «gran ventana de oportunidad» para adecuar la plantilla de trabajadores públicos a las necesidades actuales y futuras. Según Cofiño, la administración asturiana no tiene un problema de tamaño, pero sí de adecuación de los recursos a las necesidades actuales, algo que ha reconocido que no se puede solucionar de un año para otro y que debe ajustarse entre las jubilaciones que se produzcan y la tasa de reposición.
«Los tiros tienen que ir por suprimir profesiones que no son necesarias y que hay que prescindir de ellas e incorporar otras nuevas», ha apuntado Cofiño, que ha señalado que los planes de ordenación y decretos de organización de los próximos gobiernos tienen que ir en ese sentido, al igual que la Ley de Empleo Público que espera pueda aprobarse próximamente. Sobre este proyecto, y en respuesta a otra pregunta formulada desde Ciudadanos, el vicepresidente ha señalado que la nueva ley pretende facilitar la movilidad de los empleados públicos en un momento en el que hay déficit de recursos de la administración en el ámbito rural.
En su opinión, hay que poner el acento en la movilidad y en los estímulos necesarios para que se amortigüe o aminore el déficit que se observa en zonas rurales, algo a lo que espera ayuden los incentivos que se están diseñando y el teletrabajo.