El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, reclama que la administración recupere la capacidad de autorizar despidos
30 jun 2022 . Actualizado a las 16:08 h.El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este jueves a la patronal «que pierda toda esperanza» sobre la firma de convenios colectivos a la baja o que no incluyan cláusulas de revisión salarial.
Así lo ha manifestado el líder sindical en declaraciones a los periodistas tras reunirse en Avilés (Asturias) con trabajadores de la empresa Saint-Gobain, que ha presentado un ERE de extinción para 93 empleos de las líneas de Sekurit de su planta asturiana (42) y de la factoría de L' Arboç, en Tarragona (51) .
Álvarez ha dicho que, ante un «IPC descontrolado», hay que seguir avanzando en las políticas que permitan a las personas en dificultades llegar a fin de mes, un objetivo donde los salarios es algo «fundamental».
Por ello, ha rechazado la posibilidad de firmar convenios colectivos a la baja o de desvincularlos de las cláusulas de revisión.
A este respecto, el secretario general de UGT ha advertido de la situación «dramática» que están sufriendo las personas con salarios de en torno a 1.000 euros, «que son la mayoría de los ciudadanos de este país».
Control de guerra
Álvarez ha subrayado que «ni los economistas más avezados o con más conocimientos son capaces de prever el comportamiento que va a tener el IPC», después de que el Instituto Nacional de Estadística avanzara ayer que la inflación escaló en junio hasta el 10,2 por ciento en tasa interanual, el nivel más alto en 37 años, debido principalmente al encarecimiento de carburantes y alimentos.
El dirigente sindical ha admitido que hay causas relacionadas con la guerra de Ucrania o la subida de los carburantes, pero ha advertido de que también hay una inflación subyacente -índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- «en unos niveles absolutamente desconocidos».
A su juicio, ello responde, «en algunos casos», a actuaciones «claramente de usura por parte de las empresas» porque «algunas han querido hacer el agosto durante todo el año».
Ante esta coyuntura, Álvarez ha subrayado la necesidad de que el Gobierno «controle los precios exactamente igual que si estuviéramos involucrados en una guerra».
«Si estuviéramos en una guerra nadie dudaría de que el Estado tiene que tomar el control de determinados temas», ha dicho Álvarez, quien ha incidido en el impacto que está teniendo la situación sobre las personas y sobre la economía en general; citó EFE.
Respecto al caso de Saint-Gobain, según citó Europa Press, Álvarez ha reclamado a las administraciones que recuperen su papel en estos conflictos como este, exigiendo una autorización previa para realizar un despido. Acompañado del líder de UGT en Asturies, Javier Fernández Lanero, y el del SOMA, José Luis Alperi; ha denunciado la falta de voluntad de la empresa para negociar las alternativas, entre las que han propuesta una reducción de horas de los trabajadores o cambiar el ERE por un ERTE. «No quieren resolver los problemas coyunturales, quieren un despido colectivo y así tener las manos libres para contratar a otros trabajadores con salarios más bajos», ha afirmado.
Una situación de la que ha culpado a la legislación española vigente desde la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012 y que permite que las empresas «de manera arbitraria» puedan proceder en un mes al cierre o al despido parcial.
«Necesitamos que la administración recupere peso y sea quien haga la autorización previa», ha explicado, para reclamar que, por el momento, la justicia suspenda la ejecución de estos expedientes ante «la mala fe» de la empresa. Así, ha solicitado que se retire el ERE y poder entrar en un proceso de negociación «sin presiones» con la posible mediación de la administración.
Álvarez ha incidido en la necesidad de que exista una presión de la administración, tanto autonómica como estatal, y que esta debe ser «inmediata». Sobre la posible deslocalización ha recordado que esta ha perdido «el sentido» después de la pandemia y ante la guerra en Ucranía. «El movimiento cada día es más caro y contrario al medio ambiente y no tiene sentido llevarlo a Francia, donde las condiciones de producción son más altas que en Avilés», ha sentenciado.