La cifra supone un descenso del 15% respecto al mismo periodo del año pasado
04 oct 2022 . Actualizado a las 09:47 h.Las okupaciones de viviendas en Asturias han caído en un 14,85% en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, un descenso de este tipo de delitos mayor que el registrado en España, que fue del 5,4%.
Son datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso EFE, que no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).
Los datos del Servicio Estadístico de Criminalidad de la Secretaria de Estado de Seguridad muestran que entre enero y julio se registraron en Asturias 40 delitos de este tipo, por 47 durante los mismos meses del año anterior. En 2017, hubo 19 casos; en 2018, 23; en 2019, 34; en 2020, 59, y en 2021, 79.
Por su parte, en España se registraron 10.220 delitos de este tipo, por 10.807 de los mismos meses del año anterior, lo que supone el primer descenso en este tipo de delitos en los últimos cinco años. En el conjunto de 2017 hubo 10.619 casos; en 2018, 12.214; en 2019, 14.621; en 2020, 14.792, y en 2021, 17.274.
Los descensos se dan en todas las comunidades autónomas salvo la Comunidad Valenciana, donde crece un 23 %, Extremadura, un 5 %, y Murcia, un 3 %. En el resto ha habido descensos, el más pronunciado en Baleares (31 %). En la Comunidad de Madrid ha sido del 15 %, en Cataluña del 6 % y en Andalucía también del 6 %.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mencionado este lunes estos datos al ser preguntado por la nueva grieta abierta con su socio de Gobierno Unidas Podemos por la enmienda presentada por el PSOE para asegurar los desalojos de los okupas en un plazo de 48 horas. En este sentido, Marlaska ha pedido «no confundir» allanamiento y usurpación que «es penalmente relevante» con los «desahucios» consecuencia de un impago de renta o de hipoteca. «Esa enmienda no contradice el principio esencial de protección de los colectivos vulnerables para los que está trabajando este Gobierno», informa Efe.