Algemene Pensioen Groep (APG) se hace con varias concesiones en España incluido el peaje de la AP-66 entre Asturias y León
04 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La mayor gestora de pensiones de los Países Bajos ha tomado el control de la principal vía de comunicación por carretera entre Asturias y la meseta, la AP-66 autovía del Huerna que, además, arrastra un prolongado y polémico peaje. El fondo neerlandes se ha hecho también con la gallega AP-9 y de las otras seis concesiones viarias que la compañía Itínere explota en España. Algemene Pensioen Groep (APG), la empresa que maneja los fondos de pensiones de una de cada cinco familias neerlandesas, se ha hecho con la posición dominante en el grupo empresarial de concesiones de autopistas españolas Itínere que hasta ahora mantenía la estadounidense Corsair Infraestructure Partners, división de obras públicas de la plataforma de fondos de inversión Corsair Capital, surgida en 1992 en el seno del banco JP Morgan.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española ha dado el visto bueno a la operación por la que APG adquiere las acciones suficientes a Corsair para hacerse con el dominio del conglomerado societario que también está presente en el accionariado de la AP-53 Santiago-Dozón. Explota la AP-66 asturleonesa, la AP-15 en Navarra, y parte de la vasca AP-8.
«Control exclusivo»
La posición de dominio de APG sobre la empresa que controla dichas concesiones no es un mero intercambio de puestos con los que hasta ahora ostentaban los representantes de la americana Corsair, sino que el grupo neerlandés pasa a determinar cómo se explotarán las siete infraestructuras tal y como recoge la aprobación dada por la Competencia que clasifica la operación con la referencia de «adquisición control exclusivo».
Los detalles de la operación de compra de acciones están sellados bajo acuerdos y cláusulas de confidencialidad y solo la sociedad holandesa está autorizada a desvelar cómo se ha repartido la tarta. Pero con la nueva estructura, APG incrementa su peso desde 40,65 % hasta una posición que le otorga el dominio en el consejo de administración de Itínere Investco (más del 50?%), sociedad a su vez dominante en otra superior, Arecibo, en la que la multinacional Globalvia cuenta con el 40,1 % del capital, pero que viene reclamando desde hace cuatro años ante la Justicia el papel de socio mayoritario, al defender que parte de las acciones adquiridas por sus adversarios, pero a la vez compañeros de accionariado, le correspondían a ella.
La AP-9 y las sucesivas empresas que se superponen en su control son objeto de un duro y fuerte frente legal entre accionistas desde que Abanca, Kutxabank y Sacyr vendieron sus participaciones y diversos fondos de inversión extranjeros pasaron a decidir la gestión de las empresas concesionarias de las siete autopistas.
Fuentes implicadas en la operación califican de «acuerdo interno» la sustitución en el liderazgo de Itínere entre APG y Corsair, pero aseguran que «no va a haber ningún cambio» en la explotación y gestión de las autopista asturiana y el resto de concesiones. Indican que neerlandeses y estadounidenses siguen sumando la mayoría en la sociedad creada como vehículo de inversión (Arecibo), aunque haya cambiado la correlación de fuerzas entre ambos, pero no respecto a Globalvia, su rival interno y al que no le han cedido ningún puesto en el consejo de administración.
APG apareció en escena para la AP-9 en septiembre del 2018 al hacer pública desde Países Bajos la operación que junto con Corsair les convertía en accionistas mayoritarios en Itínere. La marca estadounidense representaba en ese momento a inversores de su propio país, así como de Canadá, Emiratos Árabes, Singapur y Australia, países a los que se suma el fondo de pensiones neerlandés, así como por el otro lado del organigrama societario, el de Globalvia, están representados capitales de fondos de Países Bajos, Gran Bretaña y Canadá.
Una empresa con más de 600.000 millones en activos
Tras las siglas APG está un poderoso ente que sólo en los Países Bajos gestiona un activo que el año pasado recaudó en peajes más de 150 millones de euros, de los que un tercio se convirtieron en beneficio neto.
¿Pero quién es APG? De entrada, la misma compañía se presenta como uno de los inversores de pensiones más grandes del mundo. Sus cuentas reflejaban a finales de este verano activos en su cartera por valor de 558.000 millones de euros, bienes de los que obtienen los beneficios necesarios para los 4,8 millones de suscriptores de sus planes de pensiones.
La ahora firma mayoritaria en Itínere declara: «Nuestra ambición es lograr rendimientos de inversión atractivos y sostenibles para nuestros clientes, de manera responsable. Para que siempre podamos asegurarnos una pensión buena y asequible».
APG hace gala en sus presentaciones de acometer inversiones allí donde la rentabilidad y gestión sean sostenibles, análisis que recalca, llevan a cabo mayoritariamente equipos especializados de la compañía.
APG, que tiene oficinas en Ámsterdam, Heerlen, Bruselas, Nueva York y Hong Kong, así como divisiones en Pekín y Shanghái, dedicadas estas sobre todo a la logística, gestiona pensiones de colectivos en Países Bajos de sectores como el de educación, construcción, vivienda, arquitectura, medicina y limpieza.
Un negocio «financieramente muy rentable», pese a estar en cuestión en la UE
Fuentes vinculadas a las sociedades presentes en el conglomerado societario al que pertenece la AP-66 señalaban ayer que Itínere, la firma matriz de la gestora de la AP-9, «sigue siendo una compañía financieramente muy rentable». La cara pelea judicial que Globalvia libra contra APG y Corsair por apenas un 15 % del grupo da una idea del interés en un ramillete de concesionarias de autopistas que han propiciado juicios, laudos y recursos que fallan alternativamente pero que, de momento, no cambian las posiciones de liderazgo que quedaron en la empresa tras la marcha de los últimos accionistas ajenos al mundo de los fondos de inversión.
En otoño del año pasado, una carta de la Comisión Europea al Gobierno de España en la que declara ilegal la prórroga de la concesión del peaje de la AP-9 en Galicia abría la caja de los truenos también en Asturias. El Huerna tiene prorrogado su concesión y el peaje hasta el año 2050 por decisión el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos. Cuando concluya habrán sido 75 años de peaje en la única conexión por autopista entre el Principado y la meseta, una de las concesión más largas del continente. En el ámbito político, el grupo de Podemos Asturies apeló a las instituciones europeas para que consideraran extender esa consideración de ilegal a la vía asturiana.
El Gobierno español trata de evitar que lo que hasta ahora no ha pasado de ser una carta de emplazamiento de la Comisión Europea para que explique cómo se llevó a cabo la tercera ampliación de la concesión, se convierta a medio plazo en una instrucción para liberar el vial y que pase de Audasa al Estado.
La concesionaria ya ha advertido que de llegarse a esa circunstancia —la reversión al Estado— reclamaría una indemnización superior a su deuda, que se acercaba a los mil millones al concluir el año pasado. La compensación no se acabaría en medir lo que debe. Audasa valora en 1.490,5 millones la principal autopista gallega, de los que apenas ha amortizado un tercio, con lo que debería ser indemnizada por el monto restante, la deuda y el lucro cesante.