A juicio 63 acusados de origen chino por cultivar cannabis con destino Europa
21 nov 2022 . Actualizado a las 19:44 h.Un total de 63 ciudadanos de nacionalidad china y dos españoles se enfrentan a peticiones de entre 7 y 13 años de cárcel como acusados de integrar un «entramado criminal» dedicado al cultivo intensivo de cannabis en varias provincias con destino a Europa que podría haber obtenido un beneficio de alrededor de dos millones de euros. La red operaba fundamentalmente en localidades de Asturias y Barcelona, en los municipios de Carreño y Langreo.
Su modo de actuar pasaba por adquirir grandes superficies para albergar las plantaciones, en las que se detectaron enganches ilegales a la red de suministro eléctrico, para después distribuir la droga «mediante paquetería a diferentes puntos de Europa o mediante venta directa a compradores locales, obteniéndose de esta manera enormes beneficios ilícitos».
Es la tesis de la Fiscalía Antidroga, que ha presentado ante la Audiencia Nacional su escrito de calificación provisional, en el que pide condenas que oscilan entre los 7 y los 13 años de cárcel con multas millonarias para los acusados de integrar esta red que operaba fundamentalmente en localidades de Barcelona y Asturias.
La inmensa mayoría de los 65 acusados son ciudadanos de nacionalidad china, muchos con residencia legal en España, y casi la mitad, 31 de ellos, se encuentran en prisión preventiva. También hay dos españoles: un taxista que transportó supuestamente 16,6 kilos de marihuana y el cliente que habría participado en su compra. Una decena de presuntos implicados están declarados en situación de rebeldía.
Fruto de la investigación, las Fuerzas de Seguridad incautaron 653.829 gramos de marihuana y 19.526 plantas de cannabis que, según apuntan fuentes fiscales, habrían reportado un beneficio de unos 2 millones de euros. También hallaron 181.981 euros en metálico en los diferentes registros e intervinieron cuatro vehículos adquiridos con dinero presuntamente procedente del narcotráfico.
Según los cálculos de los investigadores, la trama habría defraudado al menos 744.742 euros como consecuencia del enganche ilegal a la red eléctrica. Tras varios años de unas pesquisas que comenzaron en un juzgado de Badalona, la Fiscalía ha detectado que la presunta trama trabajaba en diferentes facciones y cada una gestionaba distintas producciones de marihuana a modo de cooperativa.
En su escrito, Antidroga desglosa la actividad de tres facciones que gestionan diferentes plantaciones intensivas ubicadas en naves repartidas en diferentes puntos de España: desde localidades barcelonesas como Rubí, Sabadell, Martorell, Ripollet o Terrassa, hasta las municipios de Carreño y Langreo.
Cada facción, a su vez, se dividía en tres escalafones -dirección, logística y los «jardineros», es decir, al mano de obra- y existían asimismo los «maestros», miembros de confianza y personal especializado en la gestión del cultivo que recibían un trato y un sueldo especial, señala el escrito.
Según los cálculos de la Fiscalía, una de esas facciones pudo producir unos 1.900 kilos de marihuana «con la obtención de unos beneficios por encima de los 3 millones de euros».