La patronal urge a ponerlo en marcha. El eurodiputado Jonás Fernández anuncia que en los próximos días, la Comisión Europea dé luz verde al Plan de Transición Justa de España
13 dic 2022 . Actualizado a las 16:06 h.El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha celebrado la decisión de la UE de establecer un arancel climático a las importaciones de algunos productos como el hierro, el acero o el aluminio al subrayar que beneficiará a la industria asturiana.
«Por fin. Tres años y medio después de que Asturias lo reivindicara y a su vez España lo planteara ante la Unión Europea, se consigue algo que es justo y beneficia a la industria asturiana», ha expuesto Barbón a través de uno de sus perfiles en las redes sociales tras conocer la decisión adoptada.
Por su parte la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha celebrado la decisión porque permitirá reducir «la brecha de competitividad» que sufre la industria comunitaria, y por ello ha reclamado celeridad en su puesta en marcha.
Calvo ha recordado que se trata de una medida reivindicada desde hace tiempo ante el «importante e injustificable agravio comparativo» que sufría la siderurgia europea frente a aquellos países extracomunitarios que no están sujetos a penalizaciones económicas a causa de las emisiones de CO2.
«Ahora que el Consejo Europeo y el Parlamento han alcanzado un pacto debemos pedirles celeridad a la hora de hacer efectiva esta medida» porque es «una necesidad inaplazable», ha reclamado la presidenta de la patronal asturiana.
El eurodiputado socialista por Asturias Jonás Fernández ha afirmado que la decisión de la UE de establecer un arancel climático a las importaciones de algunos productos como el hierro, el acero o el aluminio es un «avance fundamental para garantizar la sostenibilidad del sector industrial asturiano».
«El establecimiento de un gravamen a las importaciones de CO2 es uno de los grandes compromisos con los que los socialistas de Asturias concurrimos a las elecciones europeas de 2019. Es una gran satisfacción que ya sea una realidad», ha subrayado este martes a través de un comunicado.
El eurodiputado ha recalcado que es una »gran noticia que el Parlamento y el Consejo de la UE hayan alcanzado ya un acuerdo provisional sobre el arancel ambiental, que entrará en vigor en el año 2023, tal y como establecían los plazos comprometidos.
Según ha recalcado el ajuste de carbono, «largamente demandado por el sector fabril asturiano, permitirá que las industrias europeas no pierdan competitividad respecto a las de países terceros como consecuencia del cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE».
Por otro lado, Fernández ha apuntado que está previsto que, en los próximos días, la Comisión Europea dé luz verde al Plan de Transición Justa de España, del que Asturias será la «principal receptora de fondos».
El acuerdo de la UE
Las instituciones de la Unión Europea llegaron este martes a un acuerdo para poner un precio a la huella de dióxido de carbono (CO2) de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países.
Los Estados miembros y el Parlamento Europeo han pactado la creación un «mecanismo de ajuste de carbono en frontera», que forma parte del paquete «Fit for 55» presentado por la Comisión Europea en julio de 2021 para conseguir que el bloque reduzca un 55 % sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de esta década.
La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.
En particular, este gravamen se aplicará a partir de el 1 de octubre de 2023 -pero con un período transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión.
Y se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento; informó EFE.
