Suspendidas más de 200 actuaciones judiciales por la huelga en Asturias

La Voz

ASTURIAS

Palacio de Justicia Gijón. Juzgados
Palacio de Justicia Gijón. Juzgados

La mitad de los letrados de tribunales asturianos secundan el paro convocao a nivel nacional

25 ene 2023 . Actualizado a las 14:59 h.

Más de 200 actuaciones judiciales en las jurisdicciones civiles, penales, de lo Contencioso Administrativo y Laborales han quedado suspendidas en Asturias este miércoles en la segunda jornada de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia que están secundando 58 de los 116 profesionales del colectivo.

El paro, que ha sido convocado a nivel nacional, está causando ya numerosos problemas en el desarrollo normal de la actividad en las sedes judiciales asturianas debido a que «está siendo secundado masivamente» por los antiguos secretarios judiciales, según ha asegurado a EFE la delegada en Asturias del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Estrella Hormazábal.

La mayoría de estas 200 actuaciones judiciales suspendidas se corresponden con juicios, vistas y comparecencias en todas las jurisdicciones, según ha indicado.

Están llamados a la huelga alrededor de 4.300 profesionales en todo el país, de los que 116 trabajan en el Principado. La huelga fue secundada ayer, en su primera jornada, por 57 profesionales y se suspendieron más de cien juicios en todas las jurisdicciones y en los 18 partidos judiciales. Hoy se han declarado en huelga 58 personas, en comisión de servicios y de baja había esta mañana nueve personas -una más que ayer- y otras 16 continuaban disfrutando permisos.

La huelga indefinida ha sido convocada a nivel nacional por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ). Las tres asociaciones exigen, entre otras cuestiones, mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales, primero en 2009 y posteriormente en 2015.

Además, son los encargados de organizar el funcionamiento del juzgado, los impulsores del procedimiento, los fedatarios públicos y los encargados de comunicar las sentencias y de todos los cobros judiciales de multas y ejecuciones.