El presidente de la confederación nacional niega en Oviedo que las comisiones ilegales sean algo habitual en el sector
09 mar 2023 . Actualizado a las 12:54 h.El sector de la construcción advierte de que la finalización del mecanismo de revisión de los precios públicos que el Ejecutivo puso en marcha para dar equilibrio a los contratos ante el aumento de precios por la inflación y que no ha sido prorrogado tras su finalización el pasado 2 de marzo podría provocar la «suspensión de las grandes obras previstas por los fondos europeos».
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández-Alén, ha reclamado este jueves en Oviedo que se vuelva a poner en marcha este mecanismo excepcional que se puso en marcha a través de un Real Decreto del Gobierno ante la emergencia provocada por el aumento de los materiales de la construcción.
Ha resaltado la preocupación del sector por la posibilidad de que «los compromisos contraídos para las grandes infraestructuras y obras, que supondrán un cambio en España, se puedan ralentizar suspender o parar por el hecho de que los contratos públicos no puedan ejecutarse».
En este sentido, ha precisado que siete de cada diez euros que va a llegar a España provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia irán directamente o indirectamente al sector de la construcción.
«La solución es simple y muy blanca. Es una decisión política que puede poner en marcha rápidamente las cosas en su sitio», ha subrayado Fernández-Alén, quien ha lamentado las dificultades que ha supuesto para el sector la actual ley en vigor sobre los contratos públicos.
Por otra parte, el presidente de la CNC ha asegurado que la subida de los tipos de interés bancarios «está afectando mucho al sub-sector de la vivienda, ya que perjudica directamente al ciudadano, lo que hace contraer mucho la demanda».
Ha indicado que las condiciones bancarias y financieras «no están ayudando a este sub-sector, que está en una situación muy lejana a 2007 y 2008, antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, cuando se vendían en España casi 700.000 viviendas al año y ahora escasamente son unas 120.000».
En este sentido, ha reconocido que hay promociones inmobiliarias que «se están ralentizando o posponiendo» su ejecución para que llegue un mejor momento en el que la financiación sea más favorable para los particulares.
A preguntas de los periodistas, Fernández-Alén ha afirmado que en el sector de la construcción «no hay preocupación» por los casos de corrupción que se han conocido últimamente, ya que «el ordenamiento jurídico español tiene los suficientes controles para que no ocurran estas cosas» y ha rechazado que «las comisiones sea una cosa habitual».
Corrupción en el noroeste
Precisamente en esta misma jornada ha salido a la luz que el jefe del servicio de carreteras de Cantabria, en prisión desde el 24 de febrero por supuestos contratos irregulares, pudo recibir pagos desde 2003 de hasta 19 empresas de Cantabria, Asturias y Castilla y León lo que presuntamente llevó a que incrementara su patrimonio de 162.000 a más de 4 millones de euros.
Según informa RNE en Cantabria y El Diario Montañés, el sumario de esta causa, por la que también han sido detenidas la mujer y las dos hijas del funcionario y cuatro empresarios cántabros, todos en libertad con cargos, apunta que la actuación de Miguel A.D.B. pudo iniciarse hace veinte años, aunque los hechos anteriores a 2012 estarían prescritos.
Miguel A.D.B. pudo haber solicitado «mordidas» desde 2003 a cambio de favorecer a empresas que trabajaban con la administración regional, según los informes de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que constan en el sumario, para el enriquecimiento del entramado que supuestamente generó con su mujer y sus dos hijas, que ahora tienen 20 y 22 años.
Los pagos que presuntamente recibió este funcionario, que también trabajó entre 1995 y 1998 para el Principado de Asturias, provendrían de 19 empresas, 14 de Cantabria, cinco de Asturias y Castilla y León, aunque, según señala El Diario Montañés, sus vínculos con Castilla y León solo se relacionarían con una cuenta que tiene abierta en León y que contaba con apoyo contable de una asesoría de esa ciudad.
Las cantidades que supuestamente darían las empresas a este funcionario por favorecerlas en contratos públicos habrían llegado a los 4,6 millones de euros entre 2003 y 2011, unos hechos que estarían prescritos, pero que constan en la investigación de esta causa, en el que se indica que Miguel A.D.B. presuntamente acabó con esa actividad en 2012 hasta 2019, cuando volvió a recibir pagos de esas características.
Varias de esas cantidades eran supuestamente recibidas de forma directa o indirecta por su esposa, administradora única de una empresa de fotocopias que se creó en 2021, con domicilio en la casa de la familia, sin actividad, de la que eran socias la mujer y las dos hijas, y que llegó a ingresar en un año más de 600.000 euros con apenas 8.000 de gastos.
Sin embargo, antes de 2012, la familia ya tuvo otra empresa, que supuestamente también utilizaba para justificar los pagos que recibían de las empresas.
En declaraciones a los periodistas tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado la dimisión del número 2 de la Consejería de Obras Públicas, el director general de Obras, Manuel del Jesús, el vicepresidente cántabro, el socialista Pablo Zuloaga, ha trasladado su «cabreo y condena» por esa información, aunque ha asegurado que «no obra en la documentación que tiene el Gobierno de Cantabria como parte en la instrucción»; según informó Efe.