La normativa permite abrir a empresas con una declaración responsable y eliminar un millar de licencias al año
15 mar 2023 . Actualizado a las 19:05 h.La 'guerra a la burocracia' anunciada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, a través de una reforma de la administración ha empezado a concretarse hoy con la aprobación por la Junta General de la nueva ley de Calidad Ambiental, una normativa que simplifica la tramitación administrativa de las licencias ambientales que requiere cualquier actividad económica.
El texto, que incorpora 73 de las 80 enmiendas de la oposición, ha sido aprobado por el pleno de la Cámara con el apoyo de PSOE, PP y Cs, la abstención de Foro y del diputado del Grupo Mixto y el rechazo de Vox, pero también de los aliados más habituales del Gobierno: Podemos y en particular IU que ha hecho de esta ley el principal motivo de enfrentamiento con el Ejecutivo, pese a mantener vivo su acuerdo de investidura.
Ese rechazo, respaldado por una treintena de organizaciones ecologistas que ven en una ley «plagada de indefiniciones» una limitación a las garantías de protección ambiental, llevó a IU a anunciar que, si forma parte del próximo Ejecutivo, derogará una norma «que responde a intereses empresariales, rompe equilibrios, es dañina para los ayuntamientos y desploma el control público».
Trámites y garantías
El objetivo es eliminar cada año en torno a medio millar de licencias y simplificar los procedimientos administrativos al obtener el permiso necesario en ese ámbito para el desarrollo instalación de distintas actividades económicas y, en el caso de proyectos con incidencia ambiental mínima, como talleres, carpinterías ganaderías u hoteles, se opta por la fórmula de la declaración responsable que deberán tramitar los ayuntamientos y que permitirá arrancar de forma inmediata sin ninguna autorización.
La nueva normativa deroga el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en la única comunidad donde seguía en vigor desde 1961 que obligaba a esperar de media un año para obtener respuesta al abrir un restaurante o un negocio sin afección ambiental sin menoscabar, según el Gobierno, las garantías ambientales ni aumentar la carga administrativa a los ayuntamientos.
No obstante, para facilitar su aplicación y desarrollo en los ayuntamientos más pequeños, el Principado elaborará guías para la correcta interpretación de los regímenes de intervención o herramientas que facilite la operación de registro de las operaciones responsables y fórmulas de cooperación para hacer frente a los gastos que pueda acarrear la aplicación de la norma.
De los 516 expedientes de licencias tramitadas anualmente de promedio en Asturias, casi la mitad se resolvieron en Gijón, Oviedo, Siero y Avilés mientras que en los 74 concejos restantes el número de expedientes anuales rara vez supera los diez y, con la nueva ley, entre un 10 y un 20 por ciento de los expedientes que requerían de su tramitación municipal pasarán a ser asumidos por el Principado.
En la defensa del texto en el penúltimo pleno de la Junta General de una legislatura con 22 leyes aprobadas hasta ahora -la menor cifra desde el periodo 1991/1995- , el socialista Ricardo Morales ha apuntado que, aunque no sea perfecta, la nueva norma contiene los elementos necesarios para avanzar en la defensa del medio ambiente «reduciendo excesos burocráticos».
En la misma línea, el popular Javier Brea ha considerado «necesaria e ineludible» una ley que dará mayor agilidad para que los negocios inicien su actividad sin retrasos mientras la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha señalado que estimulará la actividad económica e impulsará un desarrollo sostenible aunque algunos lo interpreten «como un proteccionismo estéril y retrógrado».
Por el contrario, para Nuria Rodríguez, de Podemos, la ley rompe el equilibrio y el consenso sobre la necesidad de proteger el medio ambiente mientras que el diputado de IU Ovidio Zapico ha alertado de que éste puede ser el camino en la próxima legislatura -«si tiene números»- de un PSOE que, a su juicio, «se aleja del modelo de Pedro de Silva y se acerca peligrosamente al de Rodríguez-Vigil».
Para Foro, que ha visto rechazadas sus enmiendas sobre la exigencia de autorización ambiental para actividades susceptibles de afectar a ecosistemas marinos o a la actividad pesquera, el texto no elimina el riesgo de sobrecarga administrativa en los ayuntamientos mientras que, según Vox, no aporta nada a la «guerra» contra la burocracia al asumir los postulados de los lobbies europeos que impulsan la defensa del medio ambiente a costa de «asfixiar» a los productores.
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Armando Fernández ha advertido de que la ley debería concretar más sus objetivos para no acabar dando demasiado margen de discrecionalidad al Gobierno al elaborar el reglamento que, ha recordado, aún no existe en el caso de la de Medidas Administrativas Urgentes aprobada en diciembre de 2021 y que buscaba también reducir trabas burocráticas; informó Efe.