Cientos de investigadores asturianos luchan por el futuro de su pensión: «Muchos compañeros han encadenado doce años sin cotizar»
ASTURIAS
Científicos y profesionales que fueron becarios de investigación con anterioridad a 2011 reivindican su derecho a poder pagar a la Seguridad Social el periodo por el que trabajaron en universidades y otros centros
14 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.En España miles de científicos que fueron becarios de investigación durante varios años, con anterioridad a 2011, no pudieron cotizar a la Seguridad Social por ese trabajo realizado. Cientos de ellos están en Asturias. Con motivo de la reforma de las pensiones los afectados elevan la voz ante una situación que siempre han considerado injusta y agraviante, por las consecuencias que tiene para su futuro retiro.
Actualmente a los investigadores pre y postdoctorales no se les considera becarios, sino que trabajan con contrato y cotizan debidamente a la Seguridad Social. Hasta 2011 las personas que recibían una beca no podían hacerlo. Miles de científicos en España que hicieron exactamente lo mismo antes de ese periodo se encuentran con que han perdido años de cara a su jubilación. En muchos casos más de una década.
En su momento, y de manera extraordinaria, se habilitó un mecanismo para que las personas que se encontraban en esta situación pudiesen cotizar a la Seguridad Social, si bien dicho procedimiento solamente estuvo operativo un par de años y, además, muchos investigadores no pudieron beneficiarse al no informarse debidamente de que existía esta posibilidad a los diferentes centros académicos y de investigación donde trabajaban.
Ulpiano Lada es uno de los afectados en el Principado por esta situación y, asimismo, uno de los rostros y voces de esta reivindicación en la región. Este profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Oviedo explica que el colectivo del que forma parte exige «el derecho a cotizar por el trabajo realizado».
Cree que se trata de una «obligación para cualquier empresario o trabajador, que si no se satisface se persigue». «En aquella ocasión la mayoría de esos empresarios fueron organismos públicos como universidades, institutos y centros de investigación», puntualiza.
Cree que su situación supone un «agravio y discriminación frente a los actuales contratados, los cuales hace años que ya cotizan, de lo cual nos alegramos mucho». Insiste en que estos nuevos becarios de investigación «hacen el mismo trabajo» que profesionales como él desarrollaron en su día, «y en muchos casos somos nosotros los que les estamos formando».
«Nosotros no cotizamos y no se nos permite», lamenta. Insiste en que «en 2011 y con un tope arbitrario de dos años» se abrió una brevísima ventana de oportunidad para que estos profesionales pudieran recuperar parte de esas cotizaciones.
No obstante Ulpiano Lada denuncia que, para empezar, se trata de un periodo terriblemente corto, sobre todo si se tiene en cuenta, por ejemplo, que «una beca predoctoral tiene una duración de cuatro años, una post doctoral de dos, y en ocasiones hay compañeros que tenían las becas ligadas a proyectos de investigación, con lo que pudieron encadenar diez o doce años sin cotizar, lo cual es una laguna muy grande».
«Yo estuve seis años de beca, cuatro predoctoral y dos postdoctoral», admite. Insiste en que en 2011 pudo recuperar «dos años, pero de forma arbitraria. ¿Por qué dos y no cuatro, seis, o el mismo periodo por el que hayas trabajado?». Indica que «el derecho ya está reconocido», ya que «en 2018 en un decreto se recogía que para el antiguo personal becario también se podría suscribir un convenio limitado a dos años, pero nunca se llevó a efecto».
Ese decreto «en febrero de 2023 quedó derogado». Por eso desde el colectivo se dirigieron al Defensor del Pueblo «para cuestionarle acerca de esta inactividad, por la que quedó el decreto sin desarrollarse durante cinco años».
«Nos encontramos con que en el 2023, en el decreto que regula estas cuestiones, se explicitará a partir del uno de octubre la obligación de incluir a todos los alumnos que realicen prácticas formativas durante el grado o la FP, que tendrán la obligación de cotizar, pero nosotros no estamos incluidos», añade.
Insiste en que, en su respuesta, «el Defensor del Pueblo pide que se lleve a cabo la información de la suscripción de este convenio especial». «Al ponernos en contacto con el Ministerio nos dijeron que podríamos, con esta regulación, recuperar el tope de dos años, pero el Defensor del Pueblo pone en evidencia que ni siquiera eso», asevera.
Ulpiano Lada cree que es «difícil calcular» a cuántas personas afecta esta situación en Asturias, porque «es personal muy disperso», si bien no tiene dudas de que, «como mínimo» se puede hablar de «varios cientos de personas en esta situación». Es algo que «lleva produciéndose desde hace más de treinta años en la Universidad, centros de investigación e institutos».
La suya es una «reivindicación que de forma más o menos particular, esporádica y latente lleva muchos años, sin resultado». Destaca que «hace unos años el sindicato SATTUI, de la Universidad de Valencia, nos organizó y empezamos a mandar correos masivos a diferentes instituciones para concienciar de esta situación».
Apunta que recientemente «se creó una plataforma en Telegram y a partir de ahí estamos en vías de constituirnos como plataforma para lograr entidad jurídica». Ahora mismo se encuentran «reclamando el apoyo de diferentes instituciones y sindicatos».
Se congratula de que cuentan con la ayuda de «CSIF; en Asturias tenemos también el apoyo expreso de SIPU, también de CSI en la universidad y el año pasado desarrolló una importante labor CCOO en la Universidad de Oviedo para lograr este derecho».