No han podido acreditarse los hechos imputados sobre irregularidades en contrataciones de Tapia de Casariego, Siero, Cangas del Narcea o Hunosa
15 may 2023 . Actualizado a las 10:42 h.El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha acordado el sobreseimiento de una de las piezas de la «Operación Pokemon» al considerar que no han quedado acreditados los hechos imputados.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han informado este lunes de que el juzgado ha hecho suyos, en su totalidad, los argumentos del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó la semana pasada al juzgado el sobreseimiento provisional al considerar que no han quedado acreditados los hechos imputados y ante la imposibilidad de practicar nuevas diligencias al haber finalizado el plazo de la instrucción.
Se trata de la pieza relacionada con las escuchas intervenidas al presunto conseguidor de contratos de la trama en torno contrataciones en Tapia de Casariego, Siero, Cangas del Narcea o Hunosa.
Fernández, exvicesecretario de comunicación del PP de Asturias, estaba señalado en la investigación como el presunto conseguidor de contratos públicos a favor de diferentes empresas en varios ayuntamientos asturianos, aprovechando sus relaciones con funcionarios y autoridades políticas.
La pieza está relacionada con contrataciones de servicios de limpieza en Tapia de Casariego y Siero, donde «el único dato existente es el contenido de las conversaciones intervenidas» sin que haya sido acreditada la comisión de un hecho delictivo, o de un sistema de control horario en Cangas del Narcea y otros servicios en Hunosa, unos contratos menores donde «no aparece ningún indicio de irregularidad».
El Ministerio Público solicitaba el sobreseimiento provisional «al considerar que no han quedado acreditados los hechos imputados y ante la imposibilidad de practicar nuevas diligencias, al haber finalizado el plazo de la instrucción».
La última prórroga para continuar con la investigación de la causa fue acordada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, donde se seguía inicialmente esta parte de la trama, en octubre de 2017 por un tiempo de dos años, sin que antes de que expirara este plazo se hubiera acordado una ampliación del mismo.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo decretó el pasado mes de noviembre la apertura de juicio oral contra once investigados en la pieza principal de la Operación Pokemon, así como contra dos empresas, por las supuestas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de grúa municipal por parte del Ayuntamiento de Lugo a la compañía asturiana Cechalva, en 2005, así como por la supuesta existencia de una 'caja B' en la empresa para pagar los sobornos pactados; informó EFE.